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El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y exministro Carlos Sánchez Berzaín comparecen estos días en una corte de EEUU en un juicio civil que podría concluir con un pago millonario a los familiares de ocho fallecidos a causa de la represión militar de Octubre de 2003.

Aunque los abogados de las víctimas no han aceptado mencionar cuál es la cifra que aspiran obtener del proceso contra ambas exautoridades si son halladas responsables, el monto por cada fallecido podría superar el millón de dólares.

Para lograr el resarcimiento, la acusación debe demostrar que el expresidente y su exministro tuvieron “la intencionalidad” de matar en los hechos represivos de Octubre, que terminaron con la muerte de más de 60 personas. Los dos acusados señalan que las muertes se produjeron de manera “no deseada” en el marco del “uso legal” de la fuerza estatal. El abogado de los familiares es Rogelio Mayta.

Entre las personas que testificarán en el proceso contra las dos exautoridades están Juan del Granado, Waldo Albarracín y Ricardo Calla.

Aunque no necesariamente serán tomados como antecedentes, en EEUU se producen cada año resarcimientos económicos por “muertes injustificadas” o “muertes por negligencia”, cuyos montos suelen variar entre 1,5 y cuatro millones de dólares cuando se trata de casos en los que estuvieron involucrados uniformados.

Por ejemplo, por la muerte de Sean Bell, a quien la Policía le disparó en Nueva York el 25 de noviembre de 2006, la familia recibió 3,25 millones de dólares.

En otro caso similar, los familiares de Timothy Russell y Malissa Williams, que murieron en Cleveland, Ohio, también por efecto de disparos de la Policía, recibieron en conjunto tres millones de dólares en un acuerdo alcanzado en noviembre de 2014 (1,5 millones cada familia).

Un caso más reciente y de alta repercusión internacional fue el de Eric Garner, un ciudadano afroamericano que murió en Nueva York en julio de 2014 ahorcado por un Policía, que lo detuvo por vender cigarrillos en una calle. Los familiares de Garner recibieron cuatro millones de dólares.

El ejemplo más conocido a nivel internacional es probablemente el de O. J. Simpson, un exjugador de futbol americano que fue acusado de la muerte de su exesposa Nicole Brown y la pareja de ésta, Ron Goldman. Fue hallado inocente en el proceso penal, pero un tribunal lo condenó a pagar 33,5 millones de dólares a los familiares de los fallecidos. Sin embargo, Simpson adujo no tener recursos para pagar y solo erogó una cifra cercana a un millón de dólares.

No existen, sin embargo, antecedentes de que exautoridades extranjeras enjuiciadas civilmente en territorio estadounidense por casos de muertes violentas, como el caso contra Sánchez de Lozada.

Tras años de alegatos, el lunes empezó en Fort Lauderdale, estado de Florida, el juicio civil contra el expresidente y el exministro y promovido por las familias de las víctimas de Octubre de 2003. Al no ser un proceso penal, ambas exautoridades son consideradas “responsables” y no “culpables”. El proceso no está destinado a lograr su extradición.

El segundo Gobierno de Sánchez de Lozada sólo duró 14 meses ya que se vio obligado a renunciar el 17 de octubre de 2003 tras una ola de protestas sociales. La represión militar y las muertes de manifestantes, que empezaron a producirse en septiembre de ese año, generaron una espiral de cada vez mayores manifestaciones y violencia.

Tanto Sánchez de Lozada como Sánchez Berzaín se trasladaron a EEUU para eludir enfrentarse a un juicio por las muertes provocadas durante su Gobierno.

BR