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La tragedia en Tiquipaya dejó a 28 viviendas bajo la mazamorra que descendió de la cuenca del río Taquiña el pasado 6 de febrero fueron construidas ilegalmente, sin títulos de propiedad ni permisos de la Alcaldía.

Estas casas están dentro de las 122 que fueron registradas como perdidas en su totalidad por el municipio y aún no se sabe si serán repuestas por la Agencia Estatal de Vivienda que, por el momento evalúa la documentación de todos los damnificados para la reposición. 

El secretario Técnico de la Alcaldía de Tiquipaya, Cecilio Salvatierra, manifestó que 4 de las 28 viviendas estaban dentro de la franja de seguridad del río. 

Indicó que en la gestión de Villazón se emitió una resolución para que las casas sean demolidas y el territorio quede como un área verde municipal, pero no se cumplió. 

Según el presidente del Concejo Municipal de Tiquipaya, Saúl Torrico, las casas fueron construidas en las gestiones del exalcalde Julio Villazón, entre los años 2000 y 2005 y pertenecerían al manzano 78 que está observado y debió ser demolido. 

Dijo que solamente algunas cayeron y otras que estaban instaladas de manera muy precaria se quedaron en el lugar y luego, se convirtieron en construcciones pequeñas. 

Las posteriores gestiones municipales tampoco tomaron acciones para que las viviendas sean demolidas. 

Sostuvo que en la gestión de Evaristo Peñaloza (2006-2010) también se aprobaron las construcciones de las urbanizaciones Juventud Chilimarca, Molle Molle y 26 de Febrero, que si bien tienen autorización, en algunos casos, las viviendas están muy cerca de la franja de seguridad. 

Pese a que la Ley Municipal 482 establece límites de seguridad de hasta 25 metros a cada lado de las torrenteras en zonas pobladas, en el caso de Trojes y Juventud Chilimarca se puede apreciar que las mismas no tenían ni 10 metros por lado. 

Además uno de los problemas que el municipio reconoció es que la franja de seguridad en las laderas del río Taquiña era usada como vía para la circulación de vehículos.

Una de las principales funciones de las franjas de seguridad es la recarga acuífera, por lo que son sectores que deben ser reforestados y no utilizados para construcciones. 

Según Torrico las personas responsables de los asentamientos ilegales en esa zona deben ser procesadas por la vía penal o administrativa. Entre los delitos estaría el incumplimiento de deberes. 

Mencionó que el Concejo Municipal analizará cada uno de los casos de las viviendas afectadas para investigar si cumplían con las normas y quién las autorizó. 

Indicó que desde su papel de fiscalización el municipio debe actuar y procesar a las personas que permitieron las construcciones tanto ilegales por falta de papeles como por estar dentro de la franja de seguridad. 

La única documentación que pudieron presentar estas viviendas fueron minutas de compra y venta y en algunos casos solo recibos.

De las 28 que no cuentan con ningún respaldo para la construcción cuatro también estaban dentro de la franja de seguridad del río Taquiña. 

Todas quedaron bajo el lodo del aluvión del 6 de febrero. ///