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A casi dos meses del aluvión en Tiquipaya que mató a cinco personas y dejó a 122 sin techo, el gobernador Iván Canelas expresó que las construcciones ilegales, cerca de las franjas se seguridad o servidumbres ecológicas, existen en toda la región metropolitana y en el límite con el Parque Nacional Tunari (PNT).

“No sé cómo consiguen permisos para construir sobre las torrenteras y en zonas de riesgo. El hecho es que las casas fueron estrangulando al río Taquiña, y éste es el desenlace que hemos tenido”, interpeló Canelas.

El Gobernador llamó la atención sobre el avance de las construcciones ilegales y en zonas de riesgo en el foro “Gestión de Sistemas de Vida, Riesgos y Cambio Climático con Enfoque de Cuencas”, que se realizó ayer para definir una estrategia departamental.

Los participantes identificaron como causas del aluvión las construcciones ilegales, la deforestación, los loteamientos y los constantes incendios en el PNT. Otra causa también fue la falta de atención de las 29 cuencas que existen en el Parque Nacional Tunari.

“Las cuencas deben ser atendidas desde el inicio hasta el final, no sólo se debe enfocar a trabajar en la parte norte sino también en el sur, donde aún existen urbanizaciones”, explicó el secretario de Planificación del municipio de Sacaba, Alberto Borda.

Añadió que desde la década los 70 no existen políticas de planificación regional urbana en el departamento. “En el año 1981 se aprobó el último plan director urbano”, explicó.

La directora del Centro de Planificación y Gestión (Ceplag) de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Carmen Ledo, explicó que, para frenar las construcciones ilegales y avasallamientos en zonas de alto riesgo, se debe trabajar en una gestión territorial que genere procesos fiscales y administrativos que incrementen el costo de urbanización de viviendas en zonas agrícolas y trabajar en la densificación.

“El tráfico de tierras es un mercado informal altamente especulativo”, señaló.

La profesional explicó que el tema de las viviendas sociales es uno de los aspectos que dirigen a las personas a buscar espacios dónde “vivir bien”, por lo que se ven prácticamente obligados a buscar a los “mercaderes” de tierras.

En Cochabamba, cerca de 20 mil hectáreas fueron fraccionadas y comercializadas de manera irregular, la directora del Ceplag señaló que, para poner un freno definitivo a este crecimiento, se debe trabajar en sanciones más duras.

La directora del Servicio Nacional de Cuencas del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, María Eugenia Choque, manifestó que las autoridades deben hacer un rescate de los estudios académicos que se tiene en las universidades. “El Gobierno y las universidades debemos trabajar con la academia”, señaló.

El secretario de la Madre Tierra de la Gobernación, Gonzalo Muñoz, informó que a mediados de abril se tendrá el informe final del monitoreo a las 39 microcuencas que se encuentran en el PNT y un estudio general de las cuencas que existen en el departamento.

“En primera instancia, conocemos que nueve cuencas se encuentran en estado crítico. Con el informe final, esto puede incrementar. El municipio de Cercado nos pidió que tomemos en cuenta las cuencas que se encuentran en la zona sur, donde también se tuvo pérdida de vidas humanas”, explicó.

El director del Servicio Departamental de Cuencas de la Gobernación, Enrique Soria, señaló que se logró inspeccionar el estado de las cuencas de Tiquipaya, Vinto y Sipe Sipe.///