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El testimonio de un analista militar será parcialmente excluido del juicio civil que los familiares de las víctimas de Octubre negro siguen en Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.

Según la orden judicial de la Corte de Distrito de EE.UU., el juez James I. Cohn decidió "conceder en parte y negar el parte" el pedido de exclusión que hizo la defensa.

El documento, firmado el 28 de febrero de este año en Fort Lauderdale (Florida, EE.UU.), dice que los acusadores propusieron como testigo a Allen Borrelli, analista con más de 20 años de experiencia en investigación y estudio de estructuras militares en contextos de violencia contra civiles.

Su objetivo, según se lee en la orden judicial, es que Borrelli vierta una opinión sobre si Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son responsables de comandar a las FF.AA. el “presunto uso inapropiado de fuerza contra civiles bolivianos” en octubre de 2013, cuando más de 60 personas murieron en medio de una represión militar.

Al solicitar que se lo aparte del caso, los defendidos argumentaron que Borrelli no está calificado para opinar sobre la organización del Ejército de Bolivia y menos aún sobre el rol del expresidente y el exministro en esa estructura.

Borrelli dijo que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín tuvieron “un control efectivo de las Fuerzas Armadas. durante el periodo en cuestión”, que a pesar de conocer las bajas de civiles, ninguno de los dos hizo nada para evitar otras muertes y que los militares “incitaron a la violencia contra la población civil en vez de prevenir crímenes contra ella”.

Si bien la Corte considera que Borrelli está en condiciones de testificar en calidad de experto y afirma que su análisis puede ayudar a entender la cadena de comando militar, afirma que dio “un paso demasiado lejos” al ofrecer conclusiones legales que no son de su competencia.

Al considerar que las afirmaciones citadas previamente son conclusiones legales y no un análisis, que es lo que se espera de él, el juez Cohn determinó excluir parte de su testimonio.

Goni y Sánchez Berzaín (exministro de Defensa) enfrentan en Estados Unidos un juicio civil en el que se los acusa de comandar el uso de violencia militar y la muerte de más de 60 personas en octubre de 2003 durante una protesta social en La Paz y El Alto, en rechazo a una serie de medidas propuestas por el Gobierno.

La versión de los abogados de la defensa apunta a que los líderes de las manifestaciones son los culpables y que ellos incitaron a la violencia.

Unos días antes de que se inicie la etapa culminante del juicio civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, el viernes 23, el juez Cohn dio a conocer que tiene “serias reservas” sobre la existencia de pruebas contra los acusados de haber ejecutado un plan para usar fuerza letal contra civiles y serias reservas sobre la evidencia que vincule a ambos con cualquier ejecución extrajudicial.

“La Corte tiene serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia relacionada con un plan para usar la fuerza letal contra civiles. Además, el Tribunal tiene lo que yo clasificaría como serias reservas en cuanto a la suficiencia de la evidencia vinculando a los acusados ​​con cualquier ejecución extrajudicial”, dijo el Juez en la última sesión de presentación de pruebas, testigos y otros elementos.///