Video

En Bolivia no hubo el supuesto 'golpe de Estado', sino que Jeanine Áñez llegó al Poder con sucesión constitucional. Así lo refleja un informe emitido por el propio fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ante la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, en octubre de 2020.

Este nuevo elemento que "demuestra el apego a la ley", fue expuesto este miércoles por la dirigencia del Comité pro Santa Cruz, desde donde guardan el respaldo documental y el alegato de Lanchipa que fue emitido ante la Asamblea que en ese entonces estaba dirigida por el Movimiento Al Socialismo (MAS). 

Sería una prueba a ser remitida ante el anuncio de una investigación internacional sobre el caso del supuesto "golpe de Estado".

Según el asesor jurídico y abogado de la entidad cívica, Jorge Valda, el fiscal general del Estado  en cuatro oportunidades niega que hubo golpe de Estado, sino que ratifica la sucesión constitucional.

A esto se suma que también niega la existencia de procesos respecto al delito de terrorismo y de más de 80 causas, individualizando a los actores del Gobierno transitorio por hechos de violencia, lo que exhibe también que no habría una responsabilidad colectiva. 

"La prueba que se está acompañando a los organismos internacionales demuestra que durante un periodo de Gobierno, la Fiscalía General del Estado realiza una labor y durante otro periodo de Gobierno la tarea es distinta, pues habla de persecución, abuso y atropello a los derechos humanos", apuntó Valda.

En este sentido, los cívicos consideran que el sistema judicial y el Ministerio Público deben obedecer los principios de independencia e imparcialidad y no satisfacer revanchismo, venganzas privadas o enfrentamientos entre bolivianos.

"El fiscal general anuló la existencia de un 'golpe de Estado' porque aclara la legalidad y se debe reconocer las facultades del Tribunal Constitucional Plurinacional en el plano jurídico y normativo que no se puede someter a un juzgamiento ordinario a un presidente o expresidente, lo que también contradice a las acciones presentadas por el exdiputadas Lidia Patty", acotó el presidente cívico, Rómulo Calvo.

Estas pruebas fueron adjuntadas al pedido de investigación internacional sobre los hechos ocurridos en Bolivia entre octubre y noviembre de 2019, cuando se descubrieron los indicios de fraude electoral que conllevaron a la renuncia de Evo Morales como presidente de Bolivia. 

Antes de solicitar que la OEA consolide la oferta para disponer una investigación internacional imparcial, los cívicos resaltaron que la persecución judicial a líderes y ciudadanos responde a una "arremetida guiada por la venganza y otros oscuros propósitos políticos"