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Si bien el jurado declaró responsables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro Carlos Sánchez Berzaín por ejecuciones extrajudiciales de ocho víctimas de las luctuosas jornadas de octubre de 2003, esta sentencia aún no se consolidó, pues el juez James Cohn puede invalidar o modificarla y luego el caso puede ser llevado a un Tribunal de Apelaciones en incluso llegar hasta la Corte Suprema de EEUU.

El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, explicó que el veredicto del jurado como manifestación y criterio de un conjunto de ciudadanos que han sido convocados para hacer justicia es invariable y no puede ser modificado como evaluación y valoración de los hechos. Dijo que, con la apelación, lo que trata de sostener la defensa de Goni es que el criterio al que ha arribado el jurado en su veredicto es inconsistente legalmente, vale decir que el jurado no aplicó la norma como correspondía al emitir su fallo.

“Esta prerrogativa (del juez) existe en su legislación (de EEUU) para evitar absurdos jurídicos que pudieran darse excepcionalmente en las decisiones que pudieran tener en el jurado”, mencionó, pero aseguró que “es una situación que se da en muy pocos casos” y que una decisión de ese tipo, en la que el juez cambia la decisión del jurado, es “excepcional “en la justicia de EEUU.

Fuentes que siguen el caso en EEUU aseguraron a Los Tiempos que el juez, según la regla 50 del Código de Procedimiento Federal Civil, puede cambiar el fallo y llamar a nuevo juicio o radicar el fallo de la corte. En este sentido, el juez puede ratificar el fallo, revocarlo o llamar a un nuevo jurado o sacar su propia sentencia.

Para el abogado de las víctimas Thomás Becker “es muy difícil” que el juez James Cohn pueda cambiar la decisión del jurado que declaró responsables a Goni y su ministro. “El juez está pensando en cómo aplicar la ley, pero es raro que esto pase, pero es muy raro que cambie la decisión de algún jurado”, dijo a Cadena A. “Pueden apelar, pero van a perder”, aseveró. Sin embargo, aclaró que en caso de que los sentenciados no paguen el resarcimiento de 10 millones de dólares fijados por el jurado, las dos exautoridades podrían ir a la cárcel.

Mayta explicó que el juez recibirá los alegatos de las partes para ver si hubo inconsistencias y el 4 de mayo habrá audiencia.

En tanto, el presidente de la Asociación de víctimas de Octubre Negro, Patricio Quispe, dijo que existe un convenio interno para repartir el dinero del juicio entre las 64 víctimas de la Guerra del Gas.

“Hemos firmado un convenio con nuestros abogados. El dinero que se cobre tiene que ser distribuido entre las 64 familias que conforman la Asociación y también, de esa plata, seguro va a salir los honorarios de los abogados, que no es poco y tampoco conocemos cuándo será, pero eso lo conversaremos más adelante”, remarcó.

En tanto, una de las víctimas, Justino Quispe, dijo  que pidió a los ocho familiares que ganaron el juicio que puedan “ser incluidos en la repartición de ese dinero”.

Sin embargo, el abogado Mayta dijo que es “muy prematuro” hablar de la repartición de un dinero “que aún no existe” porque todavía hay “un largo camino por recorrer hasta consolidar la sentencia”. Mayta aclaró que si bien hay acuerdos internos entre la asociación de víctimas , “ellos tienen la suficiente madurez para tomar decisiones” y aseguró que los abogados bolivianos que trabajaron en el caso “no recibieron ni un solo centavo”, y que el objetivo central era encontrar justicia, objetivo que, aseguró, fue cumplido con el veredicto del martes.///