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La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) alertó de la imposibilidad de pagar un aumento salarial por encima de la inflación, ya que afectará la creación y sostenimiento de las fuentes laborales en las empresas, especialmente medianas y pequeñas. La gestión 2017 cerró con una inflación del 2,71%.

“Advertimos de las graves consecuencias que puede tener un aumento sobredimensionado del salario mínimo y del haber mensual, sobre la creación y sostenimiento de las fuentes laborales; consecuencias que ya son evidentes en la cotidianidad de la población, más allá de lo que puedan señalar las cifras macroeconómicas o la percepción de algunas autoridades”, se pronunció la entidad privada, en una conferencia de prensa la tarde de este miércoles en La Paz.

En su comunicado público, el sector añade que, en forma unánime, reafirma que seguirá insistiendo por todas las vías para que se imponga la racionalidad y la responsabilidad, frente a la tentación de decidir un incremento que en el corto plazo puede parecer favorable, pero que generará una situación insostenible para la mayoría de los trabajadores y sus familias.

Durante la mañana, los representantes de los empleadores privados, tuvieron una reunión con el ministro de Economía, Mario Guillén y la ministra de Planificación, Mariana Prado, donde expusieron “con sustento técnico y estadístico”, la grave situación del empleo y de la mayoría de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que, según el presidente de la entidad, Ronald Nostas, “hacen imposible sostener un incremento por encima de la inflación de la gestión 2017 más el índice de productividad”.

Dio datos de que la política salarial ha representando un incremento del 300% en el salario mínimo nacional y del 90% en el haber básico nominal nacional, durante los últimos 10 años, tendrá un efecto positivo para una minoría de los trabajadores, pero dejará a laa mayoría desprotegida y pasible a pasarse a la informalidad.

“Valoramos la disposición de las autoridades, pero al mismo tiempo, demandamos que nuestros argumentos y nuestra posición, no solo sean escuchados sino también sean atendidos y que la decisión, que corresponde al Gobierno, se base en el análisis preferente de la situación real del empleo en Bolivia”, señaló.///