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"Pongo en dudas. Porque ya son 200 millones de bolivianos en estos casi seis meses que estarían congelados en supuestas arcas de YPFB que desconocemos, que no han sido transparentes y no sabemos en donde (están)". Así lo remarcó fue el secretario general de la Gobernación cruceña, Roly Aguilera al referirse al destino del dinero que ha sido retenido en medio por el proceso legal de campo compartido encarado por los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca.

Aguilera cuestionó que en el "momento de coyuntura y con la yesquera que vive el país, ¿lo tienen ahí guardaditos?, o lo están 'bicicleteando' (utilizando en otra cosa o llevándolo a otro lado)". 

Junto a la Gobernación, otras instituciones como el Comité Cívico, se han manifestado de manera abierta en este tema exigiendo se respete un primer estudio técnico que colocaba al campo Incahuasi en territorio cruceño. Incluso, los cívicos tendrán una asamblea este jueves para definir la logística en los paros, bloqueos y tomas de instituciones hidrocarburíferas que han sido anunciadas.

"Pongámonos en buena fe, que lo tengan congelado, eso es un crimen, una atrocidad en un país tan pobre, con tantas necesidades tanto en Bolivia pero particularmente aquí en Santa Cruz, que pudiéramos solucionar un sinnúmero de necesidades que se tiene en agua potable, energía mantenimiento de caminos, salud, educación y tenemos 30 millones de dólares congelados, eso sí es un crimen", enfatizó Aguilera.

Como antecedente a un casi similar, habló del litigio que encararon hace unos Chuquisaca y Tarija por el campo Margarita y Huacaya. "La situación es idéntica, campo compartido, pero en ningún momento, durante el proceso del estudio, se le congeló las regalías a Tarija y por qué a nosotros (Santa Cruz) se nos congela, esta es una muestra clara de que la justicia se manipula o se utiliza de acuerdo a las intenciones políticas del Gobierno.

BR