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El anuncio que hizo el ministro de Justicia, Héctor Arce, de instalar un proceso en contra del juez Alberto Guzmán por fallar en una audiencia que se restablezca el pago de regalías por el campo Incahuasi a Santa Cruz, ha generado una reacción en el gremio de los magistrados que ven una intromisión que atenta directamente contra la independencia judicial. Aseguran que no se puede manejar la justicia en el país de esa forma y que se deben cumplir con lo que dice la norma.

Al margen de si Guzmán actuó bien o mal, "es un juez y por lo tanto merece respeto", indicó Emerson Figueroa, presidente de la Asociación de Magistrados y Jueces de Santa Cruz, que además dijo sentirse asombrado y de alguna forma triste por el desempeño del ministro ya que "en lugar de mantener un plano de objetividad y antes de señalar cualquier situación en contra del juzgador debe garantizarse un debido proceso y luego un análisis legal". Lamentó que en lugar de esto hace declaraciones en las que prácticamente sentencia a un juez del Estado que goza de imparcialidad e independencia y le anuncia de que va a ser suspendido y procesado penalmente.

"Nosotros hemos denunciado cómo se ha desmantelado todo el sistema de independencia judicial en Bolivia al destruirse la carrera judicial de los jueces. Ahora nos encontramos en el aire, sujetos a cualquier memorándums de destitución, eso es lo triste, lo hemos denunciado internacionalmente en Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos humanos", apuntó. 

Sobre el proceso expresó que los jueces en actual ejercicio deben ser sometidos a un procedimiento de evaluación de desempeño, "prácticamente lo que nos tienen ahora es a simple memorándums. El año pasado nos destituyeron a más de 100 jueces, es terrible lo que está pasando".

El ministro Arce, explicó que los jueces no pueden ir jurídicamente en contra de lo que diga el Tribunal Constitucional. "Santa Cruz no necesita atropellar ningún procedimiento pero obviamente cumpliendo los plazos. Qué pasaría si un juez dispone lo que quiere y no se respeta lo que establezca el TCP, si ocurre eso podemos entrar en crisis".

Según el ministro, la determinación de Guzmán contradice la sentencia constitucional 1160/2017 que establece suspender el pago hasta no tener un nuevo estudio. Reiteró que un juez no puede ir en contra de sentencias constitucionales y que éstas son de cumplimiento obligatorio.

A su vez, Figueroa dejó en claro que "él (ministro Arce) dirá de que hará la solicitud de procesamiento disciplinario y legal (...) cuántas veces el ministro de justicia ha dictado sentencia con relación a casos concretos en contra de jueces, esa estadística refleja de que es casi un 100% que se cumple lo que él dice. Esto atenta directamente contra la independencia judicial", apuntó.

El secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, también se refirió a lo dicho por el ministro Arce y criticó duramente su postura: "Lo escuché decir, con vergüenza ajena, decir 'que yo como cabeza de sector'. ¿Él es cabeza de la justicia en este país, eso nos está diciendo? ¿Un ministro puede decir qué fallo se cumplen y qué fallos no? Él podrá demandar por prevaricato, pedir la suspensión, estar desacuerdo con el fallo de un juez, pero no pedir que no se cumpla el fallo de un juez", sostuvo.///