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Luego de promulgada la Ley de Creación de Empresas Sociales, el Gobierno ha puesto en la mira al menos cuatro empresas para adaptarlas a la nueva normativa y traspasarla a los trabajadores. Los empresarios rechazan la ley y anuncian que presentarán un recurso abstracto de inconstitucionalidad porque creen que es confiscatoria contra la propiedad privada.

Punto Blanco, Polar, Cerámica Victoria y una planta textil (Hilbo) fueron identificadas por el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, como las que, por el momento, estarían trabajando a puerta cerrada porque algunas de sus actividades no eran legales. Estas acciones, para su conversión, estarán amparadas por procedimientos legales de la nueva ley y además, “modulados por normas vigentes, como el Código de Comercio, el Código Civil y la propia Ley General del Trabajo, avalados por autoridades judiciales” que definirán la situación después de un juicio sumario.

“No estamos hablando de fomentar a los trabajadores para que tomen las empresas, sino exigir responsabilidad a los empresarios para que no caigan en situaciones que afectan a un conjunto de trabajadores que viven momentos dramáticos cuando ocurre una situación de abandono, liquidación o en proceso de quiebra”, explicó la autoridad gubernamental.

Una de las empresas que están siendo manejadas por sus trabajadores y que permanecen a flote es Punto Blanco, que hasta hace unos días su situación era incierta pues sus activos son propiedad bancaria.

Pero el ejecutivo de la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, explicó que esta norma beneficiará de inmediato a sus trabajadores, quienes tomaron la administración de la empresa luego del alejamiento intempestivo de los inversores privados.///