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El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) realizó el análisis del conflicto por Incahuasi y los beneficios que traería el campo gasífero a los departamentos y concluyó que es una “pelea entre hermanos pobres” por el “pedazo menor del  banquete” de las ganancias hidrocarburíferas.

Actualmente, los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz están enfrascados en un conflicto por la propiedad del campo, puesto que un estudio señala que el yacimiento está en territorio cruceño, pero los chuquisaqueños están en protestas para que se realice una nueva delimitación.     

De acuerdo con el CEDLA, en 2016 las regalías por el campo Incahuasi en 2016 habrían sumado unos 6,3 millones de dólares, pero para 2017 esa cifra sería de 39 millones de dólares.

El Centro de estudios señaló que esa cifra de 39 millones de dólares es importante, tomando en cuenta que equivale al 100% de las regalías percibidas por Chuquisaca en 2017 y un 37% de las que recibió Santa Cruz.

Sin embargo, según el CEDLA, aún siendo importantes los montos por regalías que los departamentos recibirían por Incahuasi, igual significan una fracción menor respecto al total de las ganancias por la venta de los hidrocarburos.

De acuerdo al análisis en base a datos del 2015, los departamentos, municipios y universidades (sumando las regalías y otros beneficios) recibirían un 31,7% del valor de venta de los hidrocarburos (las gobernaciones sólo un 16%), mientitas que el Gobierno central obtendría un 31,7% y las transnacionales el restante 37,2%. 

A la luz de esos datos, el CEDLA concluyó que “la distribución del valor de los hidrocarburos, dispuesto por la supuesta nacionalización de 2006, no favorece a los gobiernos subnacionales, sino, en primer lugar, a las empresas transnacionales”.

Asimismo, indicó que “el gobierno central absorbe un porcentaje similar al del conjunto de los nueve departamentos, confirmando la vigencia de una lógica centralista en las políticas públicas, explicable -aunque no justificable- por la necesidad de financiar las políticas del gobierno del MAS, orientadas más que al desarrollo, a la obtención de apoyo político que garantice su continuidad indefinida en el poder”.

“Los datos fríos develan que las luchas regionales por los beneficios de la explotación de los recursos hidrocarburíferos, en un contexto dominado por el interés de las transnacionales, resulta ser una pelea entre “hermanos pobres” por el pedazo menor del  banquete, en la medida en que continúan relegados por el gobierno y sus ‘socias’, las empresas transnacionales”, señala la publicación del Centro de Estudios.

Por último el CEDLA instó a “reivindicar una verdadera nacionalización de los hidrocarburos, lo que no puede entenderse sino como el control físico y efectivo de los medios de producción del sector hidrocarburífero por parte de la empresa estatal YPFB”.///