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A 10 meses de la entrega del Centro Automático de Despacho (CAD), las 200 cámaras de videovigilancia que compró la Alcaldía no fueron transferidas a la Unidad de Tecnología Policial Preventiva e Investigativa (Utepi) de la Policía (como estipula la Ley de Seguridad Ciudadana) para su control y monitoreo. Funcionarios municipales son los que hacen esa tarea en horarios de oficina.

La Utepi monitorea 150 cámaras instaladas en 2014 y el municipio, otras 200 que fueron instaladas en 2017, éstas deben transferirse a la Policía, pero todavía no se ha hecho.

La semana pasada, el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, Miguel Guzmán, indicó que estas 200 cámaras habían ayudado a resolver 60 hechos delictivos en lo que va del año, y que además cada hecho ilícito observado en tiempo real por el personal era comunicado inmediatamente a la Policía.

Esa versión fue desmentida por el subdirector de la Utepi, Giner René Flores Sánchez. “No hemos recibido una sola llamada de la Alcaldía para reportar algún hecho delictivo, todas las llamadas son registradas”, dijo.

Aseguró que el hecho de que las cámaras no hayan sido transferidas al municipio sólo perjudica a la población en la atención de los hechos delictivos. Aseguró la Utepi tiene un procedimiento para la atención de los casos de despacho, recepción de llamadas y monitoreo, indicó Flores.

“El municipio no tiene la buena voluntad de hacernos la entrega de ese centro de monitoreo. Hemos reiterado en varias ocasiones con notas de que nos hagan la entrega a objeto de realizar el patrullaje preventivo, que es nuestro trabajo a través de las cámaras“, dijo Flores.

En cambio, el municipio aseguró que la Utepi debe tramitar permisos y licencia de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), “sin ello, no podemos hacer la transferencia”, dijo Guzmán.

El jefe del área Técnica de la Utepi, Diego Cruz, indicó que los permisos se están tramitando, pero que sin ellos se pueden transferir las cámaras. “La Alcaldía piensa que no podremos mantener el sistema, pero eso es mentira. Estamos enviando la capacidad técnica de hacerlo”, indicó.

Flores explicó que la Ley 264 de Seguridad Ciudadana determina que el control y monitoreo de las cámaras de videovigilancia deben estar a cargo de la Policía. “Hay un procedimiento incluso cuando hay cámaras privadas. Nosotros intervenimos cuando hay requerimiento fiscal. Si la Alcaldía está entregando las imágenes sin verificación de la Policía, no tendrían valor legal”, dijo el jefe policial.

En abril, la Utepi reaccionó a 17 hechos delictivos que fueron captados por las cámaras de vigilancia, en ese mismo mes, se atendieron requerimientos fiscales de imágenes. Los casos captados por las cámaras son robos, peleas, accidentes y otros.///