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En el límite del plazo y con inusual discreción, la Gobernación de Chuquisaca impugnó la resolución del Juez de Garantías que la semana pasada declaró improcedente el Amparo Constitucional presentado por esta institución en contra de la resolución 090/2018 del 29 de marzo que dio paso a la aprobación de la cuestionada Ley de Delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz.

Lo confirmaron otras autoridades y no voceros del Gobierno Departamental que, desde el fin del paro cívico, han guardado silencio sobre el reclamo limítrofe y del campo gasífero Incahuasi.

Pese a varios pedidos de que presente el recurso de impugnación e incluso amenaza de un proceso penal en contra del gobernador Esteban Urquizu por incumplimiento de deberes por parte del diputado Horacio Poppe, la Gobernación mantuvo silencio al respecto, sin embargo, el mismo legislador confirmó que cumplió con ello al final de la tarde.

“Fuentes extraoficiales señalan que a las 18:10 la Gobernación habría presentado la impugnación contra la resolución del juez que rechazó el Amparo”, informó el diputado Horacio Poppe.

Este periódico intentó comunicarse con los secretarios General, Jurídico, de Coordinación y de Hidrocarburos para confirmar la información, sin éxito. El secretario de Comunicación, Jairo Arancibia, atendió la llamada, pero indicó que desconocía esa información porque estaba de viaje.

Ayer por la mañana, Poppe amenazó a Urquizu con iniciarle un proceso penal por incumplimiento de deberes si no presentaba la impugnación para agotar las instancias judiciales en el país y acudir a tribunales internacionales.

“De ser cierto que la Gobernación impugnó la resolución del juez ya no presentaríamos la denuncia penal anunciada en contra el gobernador Urquizu, y tendríamos abierta la puerta ancha de los tribunales internacionales para hacer justicia con Chuquisaca, independientemente de lo que diga la justicia boliviana, donde ya se habrían agotado todas las instancias legales”, señaló Poppe.

Asimismo, los comités cívicos de los municipios de Villa Vaca Guzmán, de Culpina y Camargo, entre otros, enviaron cartas al Gobernador exigiéndole que presente el recurso de impugnación.

La impugnación presentada ayer, en criterio de los abogados que asesoran a Poppe, tardaría de tres a cuatro meses en resolverse, y con resultado negativo, lo que daría lugar a presentar el recurso al Tribunal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Pero antes, de acuerdo con el procedimiento, el juez de Garantías, Juan Quiroga, tiene un plazo de 48 horas para remitir el caso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El 29 de mayo, el Amparo Constitucional presentado por la Gobernación el 11 de mayo en contra de la Resolución Ministerial 090/18 fue declarado improcedente por el Juez de Garantías, quien argumentó que no se agotaron los recursos administrativos ante la instancia correspondiente para para reclamar su nulidad. La resolución fue sustento para la aprobación de la Ley de Delimitación entre Chuquisaca y Santa Cruz, determinante para ratificar que el campo gasífero Incahuasi pertenece sólo al departamento oriental, pese al reclamo chuquisaqueño.///