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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes el inicio de juicio de responsabilidades contra los exministros de Defensa y Educación, Gonzalo Méndez e Isaac Maydana, respectivamente, por los casos ORBISAT y por la contratación irregular de servicios de consultaría para la Reforma Educativa.

“Respecto a los requerimientos acusatorios que la Asamblea ha considerado, en el primer caso referido a la contratación de servicios de la empresa ORBISAT, debido a la verificación de la presunta comisión de ilícitos penales es que la Asamblea se ha pronunciado por autorizar su juzgamiento en instancias del Tribunal Supremo de Justicia”, informó en conferencia de prensa el senador Milton Barón, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

En la jornada, la Asamblea Legislativa aprobó tres resoluciones que recomiendan el inicio de juicio de responsabilidades contra los dos ex ministros de Estado y no autorizó el inicio de un juicio contra los ex ministros Donato Ayma y Óscar Zamora, el primero porque ya falleció y el segundo porque el requerimiento acusatorio no fue debidamente fundamentado.

La primera resolución se refiere a la autorización de un procesamiento al exministro de Defensa, Gonzalo Méndez, porque existirían contravenciones a las normas legales en la adquisición de un sistema de radar de la empresa ORBISAT, por más de 22 millones de dólares para el levantamiento de datos geográficos en la frontera Bolivia, Brasil y Perú.

Barón explicó que la segunda resolución aprobada tiene que ver con el inicio de un proceso contra el exministro de Educación, Isaac Maydana, por la contratación de servicios de consultaría habiendo personal técnico en el Ministerio de Educación para la implementación de la Reforma Educativa por un millón de dólares.

En el mismo caso, la Comisión recomendó no autorizar el juicio de responsabilidades contra el ex ministro de Educación, Donato Ayma, porque éste ya falleció.

El legislador informó también que una tercera resolución aprobado no autorizó el procesamiento contra el exministro de Trabajo, Oscar Zamora, porque el caso tenía una falta de fundamentación penal.