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El Gobierno español aprobó hoy el borrador del presupuesto para 2019, que incluye una ligera reducción del crecimiento económico para este año y el próximo, a la vez que pidió el apoyo de otros partidos para su ratificación, debido a su minoría parlamentaria.

El Consejo de Ministros respaldó hoy el acuerdo del pasado jueves entre el Ejecutivo socialista y el partido Unidos Podemos (izquierda) que aumenta el gasto social para intentar corregir las desigualdades que generó la crisis económica y a la vez cumplir las exigencias de la Unión Europea.

Este proyecto de cuentas del Estado se inscribe dentro de un nuevo cuadro macroeconómico que reduce una décima las previsiones de crecimiento para este año (que queda en el 2,6 % del PIB) y el próximo (2,3 %).

La tasa de desempleo prevista se mantiene en línea con los anteriores pronósticos del Gobierno, en el 15,5 % para 2018 y en el 13,8 % para 2019.

Los presupuestos generales del Estado (PGE) incluyen, entre otros puntos, la creación de un impuesto a las transacciones financieras del 0,2 % para la compraventa de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil de más de 1.000 millones de euros.

Además, hay un incremento de impuestos al combustible diésel (que tendrá la misma fiscalidad que la gasolina) y subirá el impuesto sobre las rentas (IRPF) para los ingresos superiores a 130.000 euros anuales (unos 150.000 dólares).

Estos ingresos adicionales permitirán reducir la fiscalidad a las pequeñas y medianas empresas e incrementar el gasto social en diferentes áreas, especialmente el incremento de las pensiones de jubilación.

Otro elemento social destacable es el aumento del salario mínimo, que aumentará un 22,3 % hasta los 900 euros (1.050 dólares) brutos al mes.

El Gobierno envió este borrador de presupuesto a la Comisión Europea, ya que hoy concluye el plazo para el trámite, por el que los países miembros del euro presentan sus cuentas públicas al Ejecutivo de la Unión Europea para su supervisión.

 La ministra de Economía, Nadia Calviño, que hasta junio era directora general de Presupuestos en la Comisión Europea, señaló en conferencia de prensa la confianza en pasar el filtro de Bruselas.

Tras presentar el borrador, el Gobierno que preside Pedro Sánchez afronta ahora la complicada tarea de lograr la aprobación en el Congreso, donde el Partido Socialista cuenta con 84 diputados, que sumados a los 67 de Unidos Podemos no suma la mayoría absoluta de 176 votos de la Cámara.

Por ello, y ante el rechazo que ya han anunciado el Partido Popular (conservador) y Ciudadanos (liberales), este presupuesto necesitaría el apoyo de los nacionalistas vascos y las formaciones independentistas de Cataluña.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, hizo hoy un llamamiento a las distintas formaciones políticas, para que respalden estos presupuestos, por encima de partidismos, debido al impacto social que el Gobierno asegura que tienen.

"Apoyarlos no es apoyar al Gobierno, apoyarlos es comprometerse con la vida de las personas", afirmó ala portavoz.

El vicepresidente del Gobierno regional de Cataluña y adjunto a la presidencia del partido independentista ERC (republicanos de izquierda), Pere Aragonès, advirtió hoy a Sánchez de que su formación "no negociará" los presupuestos "si mantiene la represión contra el independentismo" catalán, en concreto el proceso judicial contra los líderes secesionistas.

En cambio, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, recalcó que el Gobierno no va a intervenir en ese proceso judicial, que está exclusivamente en manos de los órganos de la Justicia, y que ERC decida si apoya o rechaza unos presupuestos "sociales y de progreso".