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Donald Trump envió un memorándum al Departamento de Defensa de los Estados Unidos (EEUU) en la que autoriza a usar la fuerza a los soldados del Ejército que se encuentran en la frontera con México en caso los integrantes de la Caravana Migrante que han llegado hasta ahí actúen con violencia.

El fin de estas y otras medidas es proteger al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). En tal sentido, los militares desplegados al límite sur pueden ejercer desde ahora "control de multitudes, detención temporal y revisiones superficiales" , según informó el Pentágono a la CNN. Además, podrán hacer “una exhibición o uso de la fuerza (incluyendo fuerza letal, en caso de ser necesario)", cita el referido medio.

La justificación del gobierno proviene de evidencia, producto de investigación de inteligencia, que identifica entre la Caravana Migrante elementos que "podrían causar incidentes de violencia y desorden que amenacen al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza".

No obstante, algunos cuestionaron que el memorándum, remitido también al fiscal general y la secretaria de Seguridad Nacional, vulnere la Ley Posse Comitatus, la cual prohíbe que el Ejércitorealice acciones que son estrictamente policiales dentro del territorio estadounidense.

Ante las consultas de la prensa, el secretario de Defensa, James Mattis, indicó que el Ejército no realizará ninguna detención, sino que en caso vea que personas agredan al personal de la CBP, ellos intervendrán para evitar que la violencia continúe y luego será la policía la que se encargue de realizar el arresto.

Asimismo, Mattis dijo que, si bien se ha autorizado, el Departamento de Seguridad Nacional no ha instado a los soldados a poder usar la fuerza letal, e incluso indicó que estos no están llevando armas de fuego, aunque sí están equipados con toletes y escudos.

Hasta el momento, el Departamento de Defensa ha desplegado alrededor de 5.800 y 5.900 soldados, quienes además tienen el deber de ayudar en todo lo necesario a los efectivos de la Guardia Nacional asignados por los gobernadores Texas, Arizona, Nuevo México y California, estados fronterizos con México.