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El gobierno de Colombia investiga la posible participación de efectivos de la Guardia Nacional de Venezuela en el sabotaje, mediante disturbios, a la atención de los migrantes que huyen de la crisis en ese país, anunció el jueves la autoridad migratoria.

El caso que activó las alarmas se registró en días pasados en un campamento humanitario habilitado por la alcaldía de Bogotá. Siete venezolanos fueron expulsados y otros siete procesados tras protagonizar disturbios en ese punto de acogida.

“Hemos encontrado que tres de ellos venían con documentos falsos. Adicionalmente tenemos acceso a algunas fuentes de información que han manifestado que son de la Guardia Venezolana”, señaló Christian Krüger, director de Migración Colombia, en una rueda de prensa en la ciudad fronteriza de Cúcuta.

Según la entidad migratoria, en el albergue se identificó a “un grupo de venezolanos que habían estado en otras manifestaciones, en otros países”, lo que dio lugar a sospechas sobre una posible infiltración.

Estas personas “buscan desestabilizar o afectar el orden social, con el único propósito de deslegitimar la labor humanitaria”, señaló Krüger.

El miércoles, cuando los 14 capturados por los desmanes en el campamento era trasladados a la frontera para su expulsión, siete de ellos trataron de escapar y atacaron a oficiales de Migración Colombia.

Los venezolanos enfrentan ahora cargos que podrían suponer penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Los otros siete fueron expulsados en la noche, indicó la entidad en un comunicado.

Al menos 2,3 millones de personas dejaron Venezuela desde 2015 huyendo de la grave crisis económica y política que atraviesa el país, según la ONU.

Colombia ha recibido a más de un millón, de los cuales regularizó a 820.000, según un balance a octubre.

Reacio a admitir la crisis migratoria, el gobierno de Venezuela acusa a su vecino de complotar contra el presidente Nicolás Maduro y de ser “un vividor del sistema multilateral”, con pedidos de ayuda para atender a los venezolanos.

Las relaciones entre ambos países, que comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros, están prácticamente congeladas desde mediados 2017.