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El papa Francisco fustigó el lunes las “ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” ordenadas en algunos países “con o sin pena de muerte legal”, al recibir en audiencia una delegación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte.

Francisco, que el lunes cumple 82 años, lamentó este “fenómeno (…) recurrente”.

“Se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos”, criticó, sin citar algún país.

El Papa subrayó que “la legítima defensa no es un derecho sino un deber para el que es responsable de la vida de otro”. Así, “los que tienen autoridad legítima deben rechazar toda agresión, incluso con el uso de las armas, siempre que ello sea necesario para la conservación de la propia vida o la de las personas a su cuidado.”

“Como consecuencia, todo uso de fuerza letal que no sea estrictamente necesario para este fin sólo puede ser reputado como una ejecución ilegal, un crimen de Estado”, agregó el Sumo Pontífice.

A principios de agosto, el papa Francisco inscribió por primera vez en el catecismo de la Iglesia Católica (libro de enseñanza oficial que contiene los principios de la fe) la oposición categórica a la pena de muerte y llamó a la Iglesia a comprometerse para abolir la pena capital “en todo el mundo”.

La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional registró en 2017 al menos 2.591 condenas a muerte en 53 países y casi 1.000 ejecuciones (excluyendo a China que no comunica sobre sus miles de sentencias). Más de dos tercios de los países del mundo abolieron la pena de muerte en sus legislaciones o en la práctica.

El Papa llamó el lunes a los miembros de la ONU que decidieron respetar una “moratoria” de las ejecuciones capitales a que adopten la “abolición de esta forma cruel de castigo”.

Francisco, muy atento al devenir de los detenidos y al deber de reintegrarlos en la sociedad, se opone a las penas a perpetuidad. Estas penas “quitan la posibilidad de una redención moral y existencial” y “son una forma de pena de muerte encubierta”, dijo.