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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) exigió a Argentina que coloque en prisión domiciliaria a la líder indígena Milagro Sala, para garantizar su "vida, integridad personal y salud", según una resolución divulgada este lunes en Buenos Aires.

Sala está en una cárcel de Jujuy (1.900 km al norte de Buenos Aires), donde cumple prisión preventiva desde principios de 2016 por presunta malversación de fondos.

En agosto y atendiendo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) -que sostenía que Sala sufría hostigamientos dentro del centro penitenciario- la justicia argentina la había enviado a arresto domiciliario.

Pero un mes después, un tribunal de apelaciones ordenó revocar el beneficio para la diputada electa del Mercosur, que no llegó a asumir el cargo en diciembre de 2015.

Durante el mes de prisión domiciliaria, Sala fue trasladada a una casa que no era su vivienda y que al momento de serle otorgado el beneficio no contaba con electricidad, sanitario, ni ventanas.

La casa debió ser reconstruida a su cuenta para que pueda albergarse allí donde estaba bajo estricto control de la gendarmería (policía militarizada) con cámaras de seguridad, una rutina que la obligaba a mostrarse en un balcón tres veces al día y restricción de visitas, entre otras medidas.

En la resolución, fechada el 23 de noviembre pero divulgada este lunes, la CorteIDH requiere al Estado que la nueva prisión domiciliaria se lleve a cabo "en su residencia o lugar donde habitualmente vive".

Sala enfrenta causas en la justicia por amenazas y presunta malversación de fondos que recibió su organización Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Sus defensores la consideran una presa política.

La CIDH, Amnistía Internacional, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos han reclamado su liberación al considerar que su arresto es arbitrario y violatorio de estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tema que ha puesto en un brete al gobierno argentino.