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El Gobierno de Estados Unidos impuso este viernes sanciones contra el canciller venezolano, Jorge Arreaza; y la jueza Carol Padilla, a la que acusa de estar involucrada en la detención el pasado mes de marzo de Roberto Marrero, jefe de despacho del líder opositor Juan Guaidó, informó Infobae.

“EEUU no se mantendrá impasible mientras el régimen ilegítimo del (Nicolás) Maduro despoja al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia”, manifestó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Las sanciones traen como consecuencia la congelación de los activos que esas entidades o sujetos tenían en EE.UU. y, además, los estadounidenses tienen prohibido hacer transacciones financieras con ellos.

En su ofensiva por el reconocimiento como mandatario del líder parlamentario Juan Guaidó, quien juramentó como presidente interino de Venezuela en febrero, al considerar que el segundo mandato de Maduro carecía de legitimidad, Washington impulsa una serie de sanciones contra el gobierno y varias instituciones políticas y financieras de Venezuela.

Ambos países rompieron relaciones diplomáticas tras el reconocimiento de Guaidó, y actualmente en Washington hay una puga por el derecho de ocupar la embajada de Venezuela en la capital estadounidense, ocupada hace algunos días por simpatizantes del régimen de Maduro.

Arreaza advirtió el jueves desde la ONU en Nueva York que si Estados Unidos ingresa a la embajada de Caracas en Washington, su país podría realizar una acción recíproca.

“Como resultado de las sanciones de hoy, todas las propiedades de estos individuos y cualquier propiedad que tengan, de forma directa o indirecta, en un porcentaje del 50% o más, que estén en Estados Unidos o en posición o en control de personas en Estados Unidos quedan bloqueadas”, indicó el Departamento del Tesoro.

Estados Unidos reiteró que estas sanciones no tienen por qué ser permanentes y tienen como objetivo un “cambio del comportamiento”.

Venezuela atraviesa la peor crisis económica de su historia, con una hiperinflación prevista en 10.000.000% este año y una escasez de bienes básicos que ha provocado la migración de más de 2,7 millones de personas desde 2015, según la ONU.