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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, designó como futuro procurador general de la república a Augusto Aras, un jurista alineado con su política ambiental, ampliamente criticada por especialistas y activistas.

“Acabo de designar al señor Augusto Aras para ser jefe del Ministerio Público Federal. Una de las cosas que he conversado con él (…) , es la cuestión ambiental: el respeto al productor rural y también el casamiento entre la preservación del medio ambiente con el productor [rural]”, afirmó Bolsonaro en Brasilia.

El anuncio coincide con un momento de fuertes críticas -dentro y fuera de Brasil- contra Bolsonaro por el aumento de incendios en la Amazonía, un fenómeno provocado principalmente por la deforestación que acarrea al avance de actividades agropecuarias y mineras.

Para ser confirmado en el cargo, Aras debe ser interrogado y obtener el visto bueno de una Comisión del Senado, así como de la mayoría absoluta de su plenario (41 de 81 senadores).

Al escoger a Aras, Bolsonaro ignoró la lista de tres candidatos elegidos por los miembros de la Asociación Nacional de Procuradores de la República (ANPR).

Aunque no se trata de una práctica obligatoria, es una tradición respetada desde el primer gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) que el jefe de Estado escoja a uno de los miembros de esa terna. Incluso el conservador Michel Temer tuvo en cuenta la lista al escoger a la actual fiscal general, Raquel Dodge, segunda mejor votada por sus colegas en 2017.

Aras ni siquiera se postuló para competir por el puesto.

“Ya me están castigando en los medios, es una buena señal de que la nominación es buena”, ironizó Bolsonaro al anunciar su decisión.

Originario de Salvador (Bahía, noreste), Aras es miembro del ministerio público desde 1987. En una entrevista publicada por el periódico Folha de S. Paulo en agosto pasado, afirmó que si fuera escogido para el cargo montaría un equipo de perfil conservador.

El jefe del Ministerio Público Federal, que tiene un mandato de dos años y puede repetir cargo, debe actuar con independencia respecto a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya que entre sus atribuciones está la de denunciar criminalmente a sus miembros, incluido al presidente, como ocurrió con el entonces presidente Temer en 2017, aunque las dos denuncias en su contra por corrupción fueron bloqueadas por los diputados.