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El Tribunal Supremo español emitió órdenes de captura internacional contra tres exministros regionales catalanes por el intento de secesión de 2017, luego de solicitar en octubre la detención de su entonces jefe, Carles Puigdemont, anunció la máxima corte este martes.

Las euroórdenes contra Toni Comin y Lluís Puig se remitieron “a la autoridad judicial competente de Bélgica”, mientras que la concerniente a Clara Ponsatí fue enviada “a la autoridad judicial competente de Escocia”, indicó un comunicado del Supremo.

Comin es requerido por sedición y malversación, Ponsatí por sedición y Puig por desobediencia y malversación, por su papel en el fallido intento de separar a Cataluña de España en 2017.

En un comunicado, el abogado de Ponsatí, Aamer Anwar, indicó que su clienta se presentará voluntariamente, este jueves en Edimburgo, en una comisaría de policía.

Allí, añadió el letrado, se espera que sea “detenida” y llevada ante un juez, al que pedirá que la deje en libertad bajo fianza. Todo ello a la espera de que la justicia escocesa decida sobre su eventual extradición, “a la que [Ponsatí] se opondrá enérgicamente” por considerar que la causa en su contra en España es “una persecución con motivaciones políticas”.

El Supremo ya había emitido una orden internacional de detención por sedición y malversación contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, principal figura de la tentativa de secesión, el 14 de octubre.

Ese día, el máximo tribunal condenó a nueve líderes independentistas, entre ellos el exnúmero dos de Puigdemont, Oriol Junqueras, a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, en un proceso en que no pudo juzgarse a Puigdemont y sus exministros por estar en el extranjero.

La sentencia reavivó la crisis en Cataluña y generó masivas protestas independentistas, algunas de las cuales degeneraron en fuertes disturbios y choques con la policía en Barcelona y otras ciudades.

En Bélgica, los abogados de Puigdemont, en libertad sin fianza mientras se tramita la euroorden, anunciaron su intención de contestar la posición de la fiscalía de Bruselas, favorable a la extradición a España.

Tanto Puigdemont como los exintegrantes de su ejecutivo regional habían sido objeto de previas euroórdenes, pero el Supremo las había retirado tras reveses judiciales en Alemania y Bélgica.