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La Fiscalía Departamental de La Paz, a través de un comunicado, aseguró que no tuvo participación ni ha emitido ninguna orden de aprehensión en contra del juez Hugo Huancani, quien ayer debía instalar la audiencia cautelar contra los cinco imputados en el caso respiradores.

Ayer a las 16:00, antes de que el juez ingrese a la audiencia fue aprehendido y llevado a celdas policiales por emitir una resolución que habría favorecido a la exempleada del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Sin embargo, un juez de garantías constitucionales de El Alto ordenó, esta madrugada, la libertad del juez Huancani.

Por este caso hay cinco imputados: El exministro Marcelo Navajas, Fernando Valenzuela, exdirector jurídico del ministerio de Salud; Giovanni Pacheco Fiorilo, exdirector de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem); y dos funcionarias de Aisem que fueron el nexo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La audiencia de medidas cautelares de estas personas está programada para hoy en la tarde.

También se encuentra aprehendido el empresario Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como “testigo clave” en el caso.

Los respiradores se cotizaron en Bolivia con el representante de los equipos GPAInnova en 12.500 dólares la unidad; pero se compraron en España en casi 28 mil con un crédito del BID, según la cotización No. 05/2020 del proponente, Grupo Cosin.

El Gobierno pagó 2.028.780 de dólares de los 4.773.600 que cuestan los 170 respiradores y ordenó suspender el restante mientras se investiga el caso. La empresa IME Consulting fue la intermediaria en la compra.

La compra de los 170 respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica.

Se trata del abogado Wálter Zuleta, quien fue contactado por el empresario Húmerez e hizo el vínculo con Inaqui García, representante de IME Consulting.