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El presidente de la Alianza Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, envió una carta al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, solicitando que se instale en Bolivia una representación permanente para la defensa de los derechos humanos y para dar cumplimiento a la agenda de paz social y reconciliación promovida por dicha organización, además de atacar al gobierno actual.

“Esta agenda de paz social y reconciliación tiene su principal obstáculo en la manipulación del sistema fiscal y judicial que hace el actual partido de gobierno, el Movimiento al Socialismo (MAS), manipulación que se inició y ejecutó durante los casi catorce años de gobierno del ex Presidente Morales. Esta situación ha criminalizado la vida política de mi país, eliminando y/o neutralizando a la oposición democrática, con un expreso afán de hegemonía contrario al principio de pluralismo, respeto a las minorías y balances y contrapesos en el ejercicio del poder” señaló el sexagenario opositor

El líder de CC, hizo referencia a la decisión de la juez Claudia Castro de anular el proceso penal contra el expresidente Evo Morales por el “fraude electoral” perpetrado en las elecciones de 2019, denuncia que hizo Mesa pero que no pudo sostener ante la justicia.

“Estas decisiones fiscales y judiciales a favor de ex altas autoridades del Movimiento al Socialismo, que desconocen el fraude comprobado por la auditoría de la OEA, no son producto de una mera casualidad o coincidencia, forman parte de un plan deliberado para utilizar la falsa premisa de un inexistente golpe de Estado, como un mecanismo de persecución penal contra los principales referentes de la oposición política, generando nuevamente escenarios de polarización, con grave riesgo para la paz y la reconciliación”, manifestó el excandidato por CC.

Mesa deploró que la iniciativa de Reforma Judicial del Ministro de Justicia, Iván Lima haya sido congelada por el mismo gobierno, pese que en reiteradas ocasiones manifestaron la necesidad de entablar un diálogo con la oposición y construir un acuerdo nacional.

Ante estos antecedentes de vulneración al principio de independencia de poderes, el expresidente solicitó que “la ONU instale en Bolivia una oficina o representación permanente para la defensa de los derechos humanos, con un encargado o responsable con amplia experiencia en los problemas derivados del control por parte del Ejecutivo de los sistemas fiscales y judiciales, que carecen en los hechos de independencia e imparcialidad”.