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La Ley de Emergencia Sanitaria permitirá establecer un estándar de precios de medicamentos para todo el país, terminará con el pago de “garantías” que se exigen a los pacientes y asegurará el funcionamiento de centros de salud en beneficio de la población, indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

Mamani, entrevistado este viernes en el programa 180 de radio Patria Nueva, destacó las características de la norma jurídica que aguarda su promulgación luego de que fue consensuada con el Colegio Médico que logró incorporar sus observaciones a la Ley.

El legislador explicó que la norma indica que en “todo el territorio nacional debemos tener solamente un estándar de precios de todos los medicamentos. No puede ser que en El Alto se tenga un precio diferente a una farmacia que esté vendiendo el mismo medicamento en Tarija, Pando o Santa Cruz”.

Indicó que, con la disposición jurídica, “todos vamos a poder adquirir ese medicamento, que esté destinado exclusivamente para el COVID, con el mismo precio en cualquier lugar del territorio nacional”.

Otra virtud de la Ley, agregó Mamani, es que evitará que las familias realicen pagos anticipados de dinero a algunos centros médicos que exigen esa “garantía” antes de atender a los pacientes.

La norma también indica, dijo el presidente de Diputados, que los centros médicos no pueden cerrar sus puertas por ningún motivo.

La Ley garantiza celeridad en los trámites de desaduanización de medicamentos, estableciendo un plazo de 24 horas para despachar los cargamentos rumbo a su comercialización.

“Establece un arancel cero. Entonces no van a pagar ningún centavo de impuesto, eso más establece este proyecto de ley”, acotó el legislador del MAS.

Lamentó que algunos galenos se opongan a la promulgación de la norma cuando sus dirigentes nacionales firmaron un convenio para incluir sus observaciones.

Por otra parte, el Presidente de Diputados destacó la aprobación legislativa del decreto presidencial que concede amnistía e indulto por razones humanitarias a víctimas de retardación de justicia en situación vulnerable, en el marco de la prevención del riesgo de incremento de casos de contagio de COVID-19 en los penales y la restitución de derechos a perseguidos.

Manifestó que esa norma favorecerá a personas que fueron detenidas por expresar su forma de pensar en redes sociales, a personas que salían a comprar medicamentos en medio de la cuarentena rígida o que salieron a vender para llevar un pan a sus casas.

Explicó que el gobierno de facto nunca pudo comprobar las acusaciones de perseguidos políticos y, en muchos casos, implantó hechos o armas blancas para inculpar a personas que ahora se beneficiarán con el indulto.