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El Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) propone un cacerolazo de rechazo a la Ley de Emergencia Sanitaria y al decreto presidencial de indulto y amnistía. La fecha de la protesta está planteada para el 21 de febrero.

"En atención a la situación sanitaria que vive el país por la pandemia contra el Covid-19, Conade invita a la población para que manifieste su rechazo mediante un cacerolazo", reza la invitación y señala que, de esta manera, no se pone en riesgo la salud de los ciudadanos.

“Queremos plantearnos un cacerolazo a nivel nacional porque la gente, si bien no puede salir a movilizarse, si está en condiciones de hacer un cacerolazo de protesta desde su ventana, desde la puerta de su casa, en la calle o en la esquina de su casa, entonces, es una medida que se ajusta para reclamar esas dos leyes”, sostuvo el dirigente Manuel Morales.

La fecha de la convocatoria, según el dirigente del Conade, es “emblemática”, ya que se recuerda el rechazo a la reforma constitucional pretendida por el MAS para habilitar una nueva repostulación presidencial.

La promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria está lista para su promulgación a pesar del rechazo expresado por el Colegio Médico de Bolivia. El ministro de Salud, Jeyzon Auza, descartó la solicitud de revisión de la norma por parte de los profesionales de la salud y conminó el diálogo para consensuar la reglamentación.

El decreto presidencial de amnistía e indulto fue aprobado el 12 de febrero en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la mayoría. La norma busca restablecer los derechos de personas procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales tras el fraude electoral y los eventos posteriores.

La promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria está lista para su promulgación a pesar del rechazo expresado por el Colegio Médico de Bolivia. El ministro de Salud, Jeyzon Auza, descartó la solicitud de revisión de la norma por parte de los profesionales de la salud y conminó el diálogo para consensuar la reglamentación.

El decreto presidencial de amnistía e indulto fue aprobado el 12 de febrero en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene la mayoría. La norma busca restablecer los derechos de personas procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales tras el fraude electoral y los eventos posteriores.