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Una comisión del Senado y la Defensoría del Pueblo hallaron evidencias de que el candidato a la Alcaldía de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), César Dockweiler, fue víctima de persecución política y judicial, hostigamiento y acoso laboral durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez, junto a otros exempleados de Mi Teleférico, por parte de los exministros Iván Arias (hoy rival electoral de Dockweiler) y Yerko Núñez, y el exgerente de la estatal Andrei Bonadona.

La primera resolución es de la Defensoría, del 11 de diciembre de 2020. Señala que en una nota del 16 de diciembre de 2019, entre otras, Dockweiler denunció persecución política destinada a lograr su aprehensión, desprestigiarlo y anularlo políticamente, y que fue víctima de amenazas a la integridad física, “fabricación” de denuncias penales, inicio de procesos penales, vulneraciones al debido proceso, uso de medios de comunicación para desprestigio y hostigamiento familiar.

El 12 de noviembre de 2019 llegó al poder Áñez, tras la renuncia obligada del entonces presidente Evo Morales, asfixiado por protestas cívicas, un motín policial, la presión de las Fuerzas Armadas y un polémico informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que alimentó el discurso del fraude en las elecciones que Morales había ganado el 20 de octubre de ese año, con una diferencia que le garantizaba no ir a segunda vuelta con su rival clave: Carlos Mesa.

Desde entonces, se activó una serie de procesos contra Morales y excolaboradores, en entre ellos Dockweiler. Tal como denuncia Human Rights Watch (HRW) en un documento titulado La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, Áñez y su gobierno “abusaron del sistema de justicia” para perseguir a colaboradores y partidarios de Morales con más de un centenar de procesos judiciales, “los cuales parecen responder más a motivaciones políticas”, por lo cual se demandó retirarlos.

Testimonios clave

La Defensoría afirma que en Mi Teleférico, durante el mandato de Áñez, se “coaccionó a su personal para obtener informes y declaraciones” contra Dockweiler. “Los testimonios de trabajadores coinciden en que una vez se posesionó al nuevo Gerente General de la empresa y su equipo, éstos se dedicaron a la tarea de coaccionar al personal con el objetivo de incriminar a la anterior administración (de Dockweiler), bajo amenazas de iniciarles procesos administrativos y penales”.

Esta “persecución” fue de la mano, indica la Defensoría en su resolución, de una orden de aprehensión contra Dockweiler e incluso se solicitó la activación del sello azul de la Policía Internacional (Interpol). Y eso no es todo, ya que hubo vulneración de los derechos de otros exfuncionarios de Mi Teleférico a los que se activaron procesos, con una “presión directa” de Núñez y Arias, quienes fueron ministros de Obras Públicas, lo cual fue determinado por los testimonios recabados.

La Defensoría concluye que se puede evidenciar “hostigamiento generalizado y sistemático a personas identificadas” con el MAS, en especial contra Dockweiler y otros tres empleados de Mi Teleférico; “motivación política en el inicio de procesos”, cuyo principal objetivo era la persecución a Dockweiler; “amplia cobertura mediática sobre los procesos penales seguidos a (Dockweiler) que afectaron su imagen”; “pronunciamientos estigmatizantes de altas autoridades de Gobierno y la Policía”.

“Los ex Ministros de Obras Públicas y Vivienda Yerko Núñez Negrete e Iván Arias, así como el Gerente Ejecutivo de Mi Teleférico Andrei Bonadona, ejercieron una presión social y mediática y realizaron actos reservados a la policía y la fiscalía, ya sea a través de pronunciamientos en los medios de comunicación, o en la participación activa en actos investigativos” (sic), lo que va en contra la división de poderes establecido por la Constitución Política, remarca el informe defensorial.

Por ello, la entidad pide acciones disciplinarias a la Fiscalía General, y que el Fiscal Departamental de La Paz active investigaciones contras las personas que son apuntadas por hostigamiento, acoso laboral y persecución política; aparte, que el Comandante de la Policía instruya pesquisas y acciones disciplinarias y penales contra los policías que vulneraron derechos, y que Mi Teleférico verifique los testimonios sobre actos de hostigamiento contra Dockweiler y otros exfuncionarios.

Aparte, el 22 de diciembre de 2020, tras la presentación de dos denuncias y otras notas por parte de Dockweiler a la Asamblea Legislativa, sobre que es procesado y perseguido ilegalmente por “delitos infundados de corrupción” y otros relacionados contra la seguridad del Estado como terrorismo y sedición, la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral presentó un informe sobre este tema, en medio de pedidos para inhabilitar al candidato.