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El diputado del Movimiento Al Socialismo, Vicente Condori, solicitó al Ministro de Gobierno y al Ministerio Público que allanen las instalaciones del Comité Cívico pro Santa Cruz para retirar a los refugiados que allí se resguardan. Hasta el momento, son 9 jóvenes que permanecen en los predios que la Unión Juvenil Cruceñista cuenta en el edificio cívico.

Condori, representante de la circunscripción 56 que corresponde a los valles cruceños, considera que los integrantes de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) son "personas que han escapado de Cochabamba y han hecho mucho daño en Sacaba y otros lugares".

Por el momento, en la sede cívica permanecen refugiados 7 jóvenes de la RJC y dos activistas de La Paz. Milena Soto, portavoz del grupo, adelanta que en las próximas horas esperan que más personas arriben a Santa Cruz para buscar protección, aunque mantiene la confidencialidad hasta que no estén con el debido resguardo.

Soto considera como "desacertada" la petición del diputado del MAS y recuerda que el Comité Cívico es "una institución privada sobre la que no hay ningún proceso en contra para pedir un allanamiento". Más bien, observa que las declaraciones de Condori suponen un aliciente para "provocar la confrontación entre hermanos bolivianos".

Los jóvenes de RJC abandonaron la ciudad del valle ante las amenazas manifiestas que estaban recibiendo, tanto mediante llamadas de teléfono como por mensajes en redes sociales. Soto desvela que "era constante el merodeo de personas que realizaban alguna labor de inteligencia, no sé si para el Gobierno o para el MAS, en nuestro entorno". Ante esta sensación de hostigamiento, los 7 integrantes de RJC acudieron al refugio ofrecido por la Unión Juvenil Cruceñista.

El diputado Condori no solo pidió el allanamiento y retiro de los jóvenes, sino que también apuntó sus dardos contra la entidad cívica. "Solo representa a una tercera parte del país, donde es Santa Cruz, donde los ricos están ahí en los mejores lugares”, señaló.

Desde el Comité Cívico prefieren no pronunciarse ante las afirmaciones del diputado. Su atención se centra, comentan, en la lucha por defender a los perseguidos y no en responder a acusaciones sin fundamento.

Días atrás el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, también se refirió a la situación de los refugiados en el centro cívico cruceño y a los que señaló como "alojados". En opinión de la autoridad, no se puede hablar de refugiados puesto que nadie los persigue, aseveró.

Soto reconoce que es la única de los integrantes de RJC que se trasladó hasta Santa Cruz que tiene abierta una causa. "Es un proceso en Sucre, el mismo que a Yassir, pero ya demostramos que soy inocente. Se me acusa de participar en un acto y está demostrado con pruebas documentales que en ese mismo día me encontraba en mi trabajo". A pesar de las evidencias, la Fiscalía mantiene vigente el proceso.

"No nos sorprende el accionar de dirigentes del MAS y del sistema judicial que se encargan de perseguirnos", denuncia la portavoz del grupo. Y complementa su reclamo al afirmar que "apuntan con el dedo y le abren un proceso" a quien consideran opositor.