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Perú vive desde el miércoles una guerra judicial en distintos frentes cuando todavía no se ha proclamado de forma oficial la ajustadísima victoria electoral del izquierdista Pedro Castillo. La irrupción de mayor calado está protagonizada por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, quien elevó un petitorio al Cuarto Juzgado de Investigación para que se dicte prisión preventiva contra la candidata populista Keiko Fujimori.

El fiscal solicita que se revoque la comparecencia con restricciones para la hija del dictador por "incumplimiento de la regla de conducta que obliga a no comunicarse con los testigos del proceso". Keiko habría incumplido las normas de su libertad condicional de forma sistemática, un hecho "público y notorio".

La vulneración de la libertad condicional se habría llevado a cabo precisamente durante la comparecencia de Fujimori ante al país para anunciar que su candidatura ha impugnado cerca de 200.000 votos de las elecciones del domingo.

En la última actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), con el 99,14% de las actas contabilizadas, Castillo (50,20%) supera a la lideresa de Fuerza Popular (49,80%) por 71.254 votos.

La petición del fiscal y la maniobra de Fuerza Popular (FP), similar a la realizada por Donald Trump en EEUU, están indirectamente relacionadas, ya que Miguel Torres, el testigo que cita Pérez en su escrito, forma parte del equipo jurídico de Fujimori en el caso de las impugnaciones, incluso realizó declaraciones para la prensa. Al ser testigo del caso, la acusada tenía prohibido comunicarse con él.

AÑO DE PRISIÓN PREVENTIVA

Fujimori ya cumplió más de un año de prisión preventiva. Sobre la todavía candidata pesa una petición de 30 años de cárcel en el proceso que se le sigue por lavado de activos y por asociación criminal, una incriminación que ha sobrevolado sobre toda su campaña. De hecho se desconoce qué criterio seguiría el poder judicial si Fujimori hubiera ganado las elecciones, ya que la protección constitucional para un presidente se mantiene durante su ejercicio ejecutivo y ante los hechos que se sucedan durante los cinco años de legislatura.

La maniobra de FP ha enrarecido aún más el escenario postelectoral en un país que está en vilo ante un recuento tan igualado y sumido en una polarización radical. Los jueces tardarán unos días en dictaminar sobre la anulación de los votos, aunque expertos consideran muy complicado que la candidatura populista y derechista consiga su objetivo.

"Keiko sabe que no hay ningún fraude, que esto no va a proceder", vaticinó Verónika Mendoza, líder de Juntos por el Perú y aliada de Castillo.

"Nuestro sistema electoral tiene muchas garantías en contra de la posibilidad de un fraude. Una de ellas es el derecho a pedir la nulidad de las actas. Pero una organización democrática no abusa de ese derecho", resumió Martín Tanaka, investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos.

En otro intento de pescar en aguas revueltas, el ex gobernador Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre, partido que cobija a Castillo, consiguió que un juez dictaminara a su favor y anulara la sentencia de cuatro años por corrupción al calor de la inminente victoria de su ahijado político.

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, le ha parado los pies: "No permitiré que el sistema de justicia sea utilizado políticamente, venga de donde venga. Es mi deber garantizar la máxima imparcialidad".

Hasta ahora, jueces y fiscales anticorrupción del proceso Lava Jato se han mostrado inflexibles en su cruzada contra la corrupción, que además ha convertido al pais andino en el más peligroso para los ex presidentes. Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski han pasado por prisión, Alberto Fujimori está condenado a 20 años y Alan García se suicidó antes de ser encarcelado. Alejandro Toledo espera su extradición en Estados Unidos. Otros, como Martín Vizcarra, también están bajo la lupa de las autoridades judiciales, incluso el miércoles no le fue entregada su credencial como parlamentario.

El Mundo.