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Diez trabajadores de la cooperativa Saguapac presentaron su renuncia para defenderse en libertad, después de ser vinculados con el caso de los ítems fantasmas. 

Los trabajadores entregaron su cartas voluntarias de renuncia entre el jueves y el viernes de la pasada semana. Todos pertenecían al entorno laboral de Guillermo Parada Vaca, hermano del principal acusado en la investigación.

El jefe de responsabilidad social de Saguapac, César Flores, corroboró a EL DEBER Radio esta situación. Además, indicó que la cooperativa aguarda la lista oficial de las personas implicadas en el caso para cotejarla con la nómina de funcionarios de Saguapac y proceder de acuerdo a la reglamentación interna.

Un extrabajador de la cooperativa se acercó a la Fiscalía en calidad de testigo. Reveló que Guillermo Parada Vaca habría pedido documentos a un grupo de su entorno cercano para conformar una microempresa. Sin embargo, de acuerdo al testimonio del testigo protegido, los documentos habrían sido utilizados para concretar ítems fantasmas.

Flores desvincula a Saguapac de estos actos que considera "personalísimos" y asegura que ayudará a la Fiscalía con la información que le sea requerida. Califica los hechos como "actividades delincuenciales" y  lamenta la participación de "personas individuales que se han dejado convencer".

De acuerdo a la carta de renuncia presentada por Guillermo Parada, trabajó 15 años en la institución hasta su retiro voluntario en septiembre de 2021.

Exconcejales del MAS acuden al Ministerio Público

Un grupo de exfuncionarios municipales y exconcejales del Movimiento Al Socialismo se presentaron en la Fiscalía para indagar sobre el caso ítems fantasma y desmarcarse del mismo. Juan José Mendoza, ex concejal municipal, participó como portavoz del grupo.

"Nos hemos presentado ante la Fiscalía para decir que no pertenecemos al grupo de los ítems fantasmas. Como parte del legislativos, solo contamos con derecho a un chofer y un asesor", refirió Mendoza.

Además, insiste que durante su participación como edil denunció el contrato laboral que vinculaba a la cantante Camila Soruco con el municipio, así como otras denuncias por el uso indebido de bienes del Estado. 

El Deber