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Fernández presentó un amparo constitucional solicitando que la Fiscalía investigue este caso, que, en primera instancia, fue rechazado por la Fiscalía.

La denuncia fue presentada en mayo, pero no fue admitida por el Ministerio Público.

Con la resolución de la Sala Tercera del TCP, la Fiscalía deberá reabrir esta investigación, afirmó Fernández al diario El Deber.

“Los vocales nos dieron la razón diciendo que hay argumentos para investigar el caso y emitieron una resolución que establece un plazo de 24 horas para que la Fiscalía reabra la denuncia”, dijo el alcalde.

El 28 de mayo, cuando todavía no cumplía un mes en el cargo, Fernández presentó la denuncia por 1.205 contratos irregulares. En la documentación que dejó en el Ministerio Público se refería a contratos sin las debidas firmas o que carecían de los respaldos requeridos. Los denunciados eran la exalcaldesa interina Angélica Sosa y los exfuncionarios municipales; Sandra Velarde y Javier Cedeño.

Ahora, Fernández anunció que con este amparo constitucional se ampliará la denuncia contra otros exsecretarios de la Alcaldía cruceña que “firmaron los contratos irregulares”.

Los contratos irregulares suponen un segundo caso de manejo discrecional de contrataciones e ítems municipales. El fiscal pidió a los investigadores que crucen la información de ambos casos para verificar si esos 1.205 contratos tienen que ver con los 800 ítems fantasmas que se investigan a raíz de la denuncia que presentó Valeria Rodríguez Paz.