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Mediante operativos de control y monitoreo en redes sociales digitales, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) y la Policía Boliviana detectaron y desarticularon cuatro redes de venta de facturas por Internet, durante el segundo semestre de 2021, con un resultado de cuatro personas aprehendidas.

La coordinación de esta acción directa estuvo a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la Gerencia Distrital La Paz I (GDLP I), del SIN.

En todos los casos, estas personas fueron sorprendidas comercializando facturas, un delito tipificado como alteración de facturas, notas fiscales y documento equivalentes, sin que se hubiese producido el hecho generador, es decir, que no existió la entrega o compra del bien en el momento de la entrega de la factura.

El 7 de diciembre de la presente gestión, se detuvo en flagrante delito de venta de una factura sin hecho generador, con un valor de Bs 21.000, a O.C.A.Q., para quien un juez determinó detención preventiva por un periodo de 45 días.

El 29 de noviembre de 2021, se aprehendió a A.Y.A.T., quien habría comercializado una factura sin hecho generador, por un valor de Bs 25.000. Un juez determinó para esta persona medidas sustitutivas a la detención preventiva.

A.J.R.H. fue sorprendido infraganti en un operativo realizado el 29 de julio de 2021, comercializando una factura sin hecho generador por un valor de Bs 15.000. Actualmente se encuentra con detención domiciliaria.

En esta última fecha, se detectó a P.N.V.O., quien habría sido sorprendido comercializando una factura que tenía un valor de Bs 10.000, en primera instancia el juez cautelar dispuso su libertad, pero a la fecha esta persona tiene una orden de aprehensión debido a que incumplió algunas recomendaciones de la justicia y se dio a la fuga.

El SIN recuerda que la venta y compra de facturas sin hecho generador está tipificado y sancionado por el Artículo 177 de la Ley 2492 Código Tributario Boliviano, referida a la alteración de facturas, notas fiscales y documentos equivalentes, con una pena de dos a seis años de privación de libertad.