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La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó que no está de acuerdo con las exigencias del Decreto Supremo 4641 y que se planteó al Gobierno que las personas no vacunadas declaren la "objeción de conciencia", como una medida alternativa. No obstante, esas declaraciones fueron observadas por el vocero presidencial y un diputado de Comunidad Ciudadana (CC).

“Es un criterio más el que manifiesta la Defensora (del Pueblo), por su puesto, como todos los criterios de cualquier boliviano y de las autoridades, son respetados. Nosotros tenemos el convencimiento que la población se tiene que vacunar como un elemento fundamental para estar protegido”, dijo Jorge Richter, vocero presidencial, según Unitel.

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Entretanto, el diputado de CC Marcelo Pedrazas dijo que las declaraciones de la defensora son desatinadas e irresponsables, ya que como autoridad debería promover la vacunación.

“La ciencia y la medicina nos han demostrado que la vacuna reduce en los enfermos de Covid-19 la probabilidad de muerte. En ese contexto, es irresponsable que una autoridad en lugar de promover la vacunación busque un justificativo para que la población no se vacune”, manifestó el legislador.

El lunes, la Defensora del Pueblo afirmó que se pidió al Gobierno que se pueda generar mecanismos o caminos para que las personas que declaren objeción de conciencia, que es un derecho individual, sean considerados por el Estado a través de un consejo especial o un mecanismo especial y así generar una alternativa.

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Consideró que la voluntad condicionada a la presentación de las pruebas PCR a costo de las personas o algunos cortes de servicios para acceder a servicios públicos, que por diferentes razones no se hubieran vacunado, merecen un “tratamiento diferenciado”.

La objeción de conciencia es un derecho humano, que se manifiesta como la autorización que otorga el derecho para desobedecer o rechazar un mandato jurídico de naturaleza personal, por razones de conciencia.

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