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El Ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, destacó el fallo de la Sala Constitucional Primera de Tarija que Denegó una acción de amparo constitucional presentada contra los miembros de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental Plurinacional.

En junio de 2021, dicha instancia dejó sin efecto la sentencia que obligaba a Petrobras Bolivia S.A. a pagar $us 61 millones por concepto de “uso de propiedad agraria” en el Campo San Alberto (Región Autónoma del Gran Chaco). De este modo, la justicia boliviana ratifica las garantías jurídicas para las empresas extranjeras que invierten en el país, indica un reporte oficial del Ministerio de Hidrocarburos.

“Para el Gobierno, es muy importante destacar el alto sentido de responsabilidad que ha tenido la mencionada Sala Constitucional Primera al actuar conforme a derecho. Esta decisión de la justicia boliviana es trascendente porque evidencia la seguridad jurídica que existe en el país para las inversiones externas, especialmente en el sector de hidrocarburos”, señaló el ministro.

Seguimiento

Más adelante, enfatizó que su despacho realiza un seguimiento del caso, mediante los equipos de abogados del Ministerio y YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), por las implicaciones económicas que el caso tiene, especialmente por tratarse de una operación petrolera donde YPFB es socia a través de la empresa YPFB-Andina.

El campo San Alberto entró en producción de gas y petróleo en 2000. Este yacimiento es operado por Petrobras Bolivia S.A. y tiene como socios a YPFB-Andina y la empresa Total Energies.

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