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El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa pedirá la pena máxima de 10 años de prisión para los implicados en el caso gases lacrimógenos, entre los que se encuentran los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

La autoridad, en rueda de prensa, indicó que los delitos contra los acusados son uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, entre otros.

El proceso se inició luego de una denuncia de un presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos y otros agentes químicos, solicitados por el Ministerio de Gobierno, a la cabeza de Arturo Murillo, el 19 de diciembre de 2019. Sin embargo, la compra la hizo el Ministerio de Defensa, bajo el mando de Fernándo López.

La denuncia hacía énfasis en que los productos estaban por encima del precio pagado por otros países, debido al proceso intermediado por la compañía Bravo Tactical Solution LLC.

 Otros de los acusados por este caso son: el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, Brian Samuel Bergman, quien fue declarado rebelde. Además del exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Pedro Rea; el exdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, Raúl López; la exdirectora general de Asuntos Administrativos, Ruth Palomeque.

También se acusa al exjefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, Alan Menacho; al exdirector de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio Alberto Zamora, quien está declarado rebelde; y al exresponsable de artículos clases 5 del Ministerio de Defensa, Denis Vera.

“El Ministerio Público emitió la acusación formal debidamente sustentada, basada en 37 pruebas testificales y 179 pruebas documentales secuestrada en la investigación, que corresponde al proceso de contratación en los ministerios de Gobierno y de Defensa", sostuvo Lanchipa.

También apuntó que se tiene una pericia especializada por el IDIF (Instituto De Investigación Forense) que demuestra el daño económico del Estado, alcanza los 16 millones de bolivianos.

 Ahora la Fiscalía está a la espera del inicio de juicio oral por parte de la autoridad jurisdiccional, sin que la declaratoria de rebeldía de algunos de los acusados impida su normal desarrollo.

Además, con el fin de reparar el daño, el Ministerio Público ya requirió las medidas cautelares de carácter real sobre los bienes de  Murillo y de López.

MURILLO Y LÓPEZ

Con respecto a la situación de Arturo Murillo, Lanchipa dijo que a través de la Cancillería se activó la solicitud a la Embajada de los Estados Unidos para la extradición e incluso ya se cumplió con los actos que responde la norma internacional para ejecutar la misma.

El órgano diplomático americano hará conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores si es que la documentación está conforme para que el Departamento de Justicia defina el traslado a Bolivia de la exautoridad de Gobierno.

Sobre López, el Fiscal General dijo que ya se solicitó en varias oportunidades la notificación roja a través de la Interpol para dar con su paradero, pero por el momento no se tiene información al respecto.

El Deber