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La Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Tarija prevé iniciar acciones legales contra el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y otros servidores públicos por la modificación del presupuesto de este año de la Gobernación.

El presidente interino de esa entidad y asambleísta, Mauricio Lea Plaza, confirmó a EL DEBER que acudirán a la Fiscalía para formalizar la denuncia para que se abra un proceso jurídico.

"Será por el abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, atentado a la salud pública, entre otros cargos", explicó Lea Plaza.

A criterio del asambleísta, la única instancia facultada para modificar el presupuesto de la Gobernación tarijeña es la Asamblea Legislativa Departamental, como lo establecen normas constitucionales y el Estatuto Autonómico.

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega, se sumó a la iniciativa, al decir que la modificación del Presupuesto Operativo Anual (POA) 2022, de manera arbitraria, se constituye en un hecho a ser investigado por la instancia correspondiente.

"Nos preocupa lo que sucedió en torno al cambio presupuestario que evidencia una clara política centralista, autoritaria y pisoteadora de la Autonomía Departamental de Tarija. El MAS nos demuestra una vez más que no respetará las autonomías", criticó Vega.

Según Lea Plaza, los cambios unilaterales practicados en el Ministerio de Economía afectaron de forma discrecional programas y proyectos que benefician a sectores vulnerables de la población porque se dejaron en "cero" el presupuesto de lucha contra la pandemia del Covid-19 y se redujo la transferencia de dinero para el fortalecimiento de los pueblos indígenas que no cuentan para satisfacer sus necesidades más apremiantes.

Asimismo, se disminuyeron recursos económicos para el mantenimiento de caminos, el Programa de Seguridad Ciudadana, otros programas y proyectos de inversión, que en total es de Bs 23,7 millones.

"La asignación de parte del IDH departamental al Gobierno Regional del Gran Chaco acordada en un convenio intergubernamental firmado el 7 de diciembre de 2021 es la mejor demostración de la ausencia de una norma legal, por lo que las referencias legales incluidas en el comunicado del Ministerio de Economía demuestran su absoluta ignorancia legislativa y normativa. Dicho convenio tendrá vigencia cuando sea convalidado por la Asamblea Departamental", mencionó Lea Plaza.

El Deber