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La defensa legal de la expresidenta Jeanine Áñez descartó que esta semana se inicie el juicio oral en el caso “golpe II”, porque no fue notificada con las acusaciones del Ministerio de Gobierno ni la Procuraduría General del Estado. El abogado Alain De Canedo supone que existe una intención política del ministro Eduardo del Castillo en el anunció.

En criterio de la defensa hay un “carácter político” del ministro de Gobierno que en pasados días anunció que esta semana iniciaría el juicio oral contra la exmandataria en el caso “golpe de Estado II”, que está relacionado a la asunción de Áñez a la presidencia de Bolivia.

“Son cosas que responden quizás a una coyuntura política, porque se habla de una renovación del gabinete (…). Pero en concreto sin ningún asidero jurídico” porque no se adecúa al Código de Procedimiento Penal, explicó el abogado De Canedo a la ANF.

El jurista detalló que el procedimiento establece con claridad que los fiscales deben presentar y notificar con la acusación, lo hicieron en diciembre de 2021, a partir de ese momento la defensa tenía 10 días para responder y presentar sus descargos. Situación que se cumplió.

“Pero el código también señala que tiene que notificarse las acusaciones particulares, en este caso a los denunciantes que son parte del proceso, es decir, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado. Nosotros tenemos conocimiento que esas acusaciones han sido presentadas, pero todavía no nos han notificado”, precisó el abogado.

Una vez que la defensa de Áñez sea notificada con esas acusaciones, de acuerdo a procedimiento, tiene 10 días hábiles para presentar prueba de descargo. Si se cumple estos pasos, el Tribunal de Sentencia que en este caso es el Tribunal Primero Anticorrupción tiene que fijar entre “20 a 45 días, hábiles también, señalamiento de audiencia para juicio”, precisó.

“Entonces, de acuerdo al código de procedimiento penal esto no se va a iniciar esta semana, porque hay una serie de actuados que tienen que cumplirse”, expresó De Cadeno.

Pero, además, dijo que en el tribunal que está conformado por tres jueces técnicos (abogados) dos de sus miembros están enfermos y están con baja médica, por lo tanto, “Ni siquiera tienen quórum”.

Insistió que para asumir defensa necesitan conocer las acusaciones del Ministerio de Gobierno y de la Procuraduría General del Estado, para presentar sus pruebas de descargo, este es un principio básico para asumir defensa, sostuvo.

Explicó que uno de los principales alegatos de la defensa para sostener la inocencia de Áñez es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante un comunicado el 12 de noviembre de 2019 señaló que la sucesión operó “ipso facto, es decir, inmediata, automática, sin mayores trámites”.

“Especialmente, cuando existe una situación de zozobra y convulsión social”, fue el argumento del TCP, añade De Canedo.

Añade que el TCP ratifica ese comunicado con una declaración constitucional de 80 páginas el 15 de enero de 2020, mediante la Declaración Constitucional 001/2020 (…), donde lo explica, avala y legitima la sucesión constitucional de Jeanine Áñez”.

El argumento de la fiscalía y los denunciantes es que Áñez se hubiera “autoproclamado” el 12 de noviembre de 2019, sin que se aprobara las renuncias del entonces presidente Evo Morales; el vicepresidente, Álvaro García Linera, y de toda la cadena de sucesión prevista en la Constitución Política del Estado.