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Los ingenieros de base de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) filia La Paz se declararon en estado de emergencia en rechazo del nuevo Código del Sistema Penal,  por considerarlo atentatorio contra el ejercicio profesional.

La entidad colegiada exige la abrogación total de la Ley 1005 y anunciaron su determinación de participar en la marcha programada para este jueves 11 de enero, previa concentración en la plaza de Obelisco, donde se encuentra la facultad de ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés.

Señalan que la entidad agrupa a los colegios de ingenieros civiles, electrónicos, electricistas, petroleros, industriales y geotecnistas, evaluaron los alcances del Código, una norma muy cuestionada por sectores profesionales.

Los colegios de abogados del país también se pronunciaron por la derogatoria  de la flamante ley promulgada el 15 de diciembre de 2017 por el presidente en ejercicio Álvaro García Linera, en medio de un prolongado paro médico que al término de 46 días, logró la abrogación del artículo 205 que sancionaba la mala praxis.

Por su lado los transportistas sacaron lo suyo, anulando el artículo 137, pero en forma simultánea se abrieron otros frentes que cuestionan la vigencia de algunos artículos como el sector de la prensa que obliga a la Asamblea a reformular una ley interpretativa sobre la revelación de secretos en procesos judiciales de calumnia, difamación e injurias en los medios.

Sin embargo en las últimas horas, las iglesias cristianas y católica alzaron voces de protesta contra el artículo 88 numeral 11 del mismo cuerpo legal, que sanciona el reclutamiento de personas con fines de culto religioso.

Las iglesias evangélicas se encuentran en estado de emergencia a la espera que el Legislativo pueda abrir diálogo y resolver sus observaciones porque consideran que la vigencia de ese artículo es atentatorio a la libertad de cultos y religiones.

Los gremiales también se sumaron a la protesta porque sanciona la defraudación tributaria y aduanera, aunque el Servicio de Impuestos Nacionales se encargó de asegurar que más bien les favorece, porque amplía el monto de defraudación como base para la acción penal.

La ola de rechazos no solamente de las entidades de profesionales y gremiales, sino también cívicas y está pendiente un paro cívico del comité Pro Santa Cruz que exige la abrogatoria y al parecer concentrará la mayor protesta cívica nacional el próximo viernes.

mg