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El Consejo de la Magistratura anunció la intervención de todos los juzgados de ejecución penal del país con el objetivo de fiscalizar y verificar supuestas irregularidades denunciadas por familiares de víctimas de feminicidios y otros delitos. El caso de Richard Choque, el feminicida serial que en 2019 salió en libertad y violó a 77 mujeres, destapó una red de consorcio de jueces y abogados que facilitan la liberación de delincuentes ligados a bandas de trata y tráfico de personas. 

Richard Choque logró la libertad en 2019 gracias a la decisión del juez Rafael Alcón, quien decidió liberar de culpa a Choque argumentando que tenía enfermedades. También se detuvo al médico que firmó el certificado. 

Ayer, el Consejo de la Magistratura decidió destituir a Alcón como juez. Molina dijo que existen otras seis personas vinculadas a Alcón y que están acusadas de hacer desaparecer expedientes de delincuentes acusados de feminicidio. 

Este caso destapó que en la justicia existe una red de jueces y abogados que presionan para que vinculados a feminicidios tengan libertad, a pesar de que fueron denunciados por las muertes de mujeres. En La Paz, el fiscal de distrito, William Alave, afirmó que existen “muchas personas más” involucradas en este tipo de actos. 
Feminicidas libres
El colectivo Mujeres Creando denunció ayer que en el país están libres 119 feminicidas. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, recibió la lista de las víctimas y victimarios de las manos de María Galindo, fundadora del colectivo. 

Según Galindo, la lista con los 119 nombres fue elaborada por el servicio ‘Mujeres en Busca de Justicia’, de Mujeres Creando, que ofrece apoyo y asesoramiento legal gratuito a más de 3.000 mujeres y víctimas de violencia sexual y machista por año en las ciudades de La Paz y Santa Cruz.

La comisión que creó el Gobierno para revisar casos de feminicidio en los que personas sentenciadas por esos hechos fueron liberadas aglutina a diez instancias estatales.

Al respecto, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé pidió a Luis Arce que convoque a todos los órganos del Estado y a la oposición para que se trabaje en una reforma estructural de la justicia, ya que “la población espera soluciones, no comisiones”.

El Deber