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La oposición pidió al Ministerio Público procesar al procurador general del Estado (PGE), Wilfredo Chávez, por la designación ilegal en un alto cargo de una persona sentenciada, tal como se hace con el exministro y alcalde de La Paz, Iván Arias; la exministra María Elva Pinckert, y la expresidenta Jeanine Añez, que son procesados por nombramientos irregulares.

“Debe procesárselo al procurador como ellos han hecho en todos los casos donde consideran que algunas autoridades han contratado personas que no cumplen los requisitos o que están con problemas legales”, refirió a Página Siete la senadora Centa Rek, de Creemos.

Ibert René Renato Aguilar Mamani fue designado como director general de asuntos administrativos en la Procuraduría, pese a que tiene antecedentes penales, una sentencia emitida en 2017 por ejercicio indebido de la profesión, en relación con la falsificación de un título universitario en 2011, que fue ejecutoriada en enero de 2022.

El numeral 4 del artículo 234 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que para acceder a un cargo en una institución dependiente del Gobierno, la persona “no debe tener pliego de cargo ejecutoriado, ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal”.

Al respecto, Chávez anunció que “el compañero” Aguilar “por ley” primero gozará de sus vacaciones, luego será desvinculado. Dijo el miércoles a radio Cepra que “la notificación (a Aguilar) se la ha hecho los últimos días de la semana anterior. Ayer se conoció recién la información de un Rejap (Registro Judicial de Antecedentes Penales) e inmediatamente el compañero ha renunciado a su cargo, va a hacer uso de las vacaciones que por ley le corresponden hasta su desvinculación”.

La senadora Rek considera que esas “oportunas vacaciones” son parte de las argucias y chicanerias de Chávez para lavarse las manos. Señaló que debe aclararse la contratación de ese funcionario, el tiempo de la vacación y otros detalles.

Dijo que la Procuraduría sabía de los antecedentes de esta persona al momento de la contratación, de la sentencia en primera instancia y que tarde o temprano se iba a ejecutar; pese a eso, Chávez actúo contra la ley.

La legisladora recordó que al ahora alcalde Arias, la exministra Pinckert y la exmandataria Añez “se los ha procesado por supuestas contrataciones ilegales, incluso a veces por errores administrativos (…) La ley se tiene que aplicar en igualdad de condiciones para todos. El Procurador debe ser procesado”.

Agregó que dicha contratación responde a favores políticos, ya que Aguilar cuando era administrador de lo que fue Aasana, en noviembre de 2019, alertó a grupos del MAS para impedir la llegada a La Paz del entonces presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Marcelo Pedrazas,  diputado de Comunidad Ciudadana (CC), señaló que realizará una petición de informe escrito al Procurador, para que informe del caso del funcionario sentenciado.

“Aquí hay títulos fantasmas, eso es el MAS, eso es el Procurador, quien dice que supuestamente maneja la justicia, que es una persona proba, funcionarios en su Procuraduría que son personas que han cometido delitos”, dijo.

Detalló que esas irregularidades se podrían tipificar como resoluciones contrarias a la Constitución, uso indebido de influencias, nombramientos ilegales, omisión de denuncia, contratos lesivos al Estado y el delito de conducta antieconómica.
Casos similares

• Arias La Fiscalía imputó a Iván Arias porque como ministro de Obras Públicas presuntamente designó de forma ilegal a Eddy Glen García en el cargo de director del Centro de Comunicaciones de La Paz en enero de 2020, pese a que no cumplía un requisito.
• Añez La expresidenta Jeanine Añez fue procesada por el presunto nombramiento irregular de Karina Fabiola Leiva Añez de Ruiz, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020.
• Pinker María Elva Pinckert, exministra  de Medio Ambiente y Agua,  fue  procesada por el supuesto nombramiento ilegal de un representante de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre.

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