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El vocero presidencial, Guillermo Richter, manifestó que el Gobierno no está de acuerdo con incorporar en la legislación boliviana la pena de muerte para feminicidas y violadores, como planteó el diputado Héctor Arce (MAS).

“Desde el gobierno no se acompaña un tema como la pena de muerte”, sostuvo Richter en declaraciones a los medios de comunicación, horas después que el diputado Arce lanzó la propuesta a título personal.

“La única forma es que hagamos ajustes a nuestra legislación para incorporar la cadena perpetua, es decir, que estas personas, asesinos y violadores seriales cuando cometan estos delitos nunca más salgan de la cárcel. En último caso también implementar la pena de muerte”, dijo Arce.

Sugirió revisar las leyes e incluso los tratados internacionales que prohíben la pena de muerte como una sanción penal, no obstante, Bolivia ha suscrito convenios internacionales, es así que la Cámara de Senadores el 2017 sancionó la ratificación del “Protocolo a la Convención Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”.

Las vecinas que hicieron vigilia afuera de la casa del feminicida serial Richard Choque también pidieron endurecer las sanciones con la “pena de muerte”. Sectores de la sociedad que se movilizaron contra la impunidad de la justicia se pronunciaron en esa misma línea la pasada semana.

Richter acotó que amerita un amplio debate y fuertemente participativo para compartir criterios de los más sensatos y racionales respecto a la posibilidad de reformar la justicia, para que las diversas instituciones del Estado garanticen la protección, transparencia y certidumbre de los derechos.

Acotó que el cambio de la justicia es uno de los caminos en la solución del problema, además de impedir cualquier resquicio por los cuáles los administradores de justicia tengan ciertas prerrogativas.

El legislador del MAS señaló que la propuesta es a título personal y no del Movimiento al Socialismo, no obstante, analizan el tema con constitucionalistas.

Las ideas de endurecer las leyes han surgido a partir de la liberación de feminicidas y violadores que han sido beneficiados por la justicia, en tres casos específicos por el exjuez Rafael Alcón.