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La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, presentó este miércoles las primeras conclusiones de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, instaurada a inicios de febrero. Entre ellas se encuentran la recaptura de condenados por esos delitos y las propuestas normativas para agravar penas. 

“Lo que lamentablemente está sucediendo, que es de conocimiento público y que fundamentalmente las víctimas los padecen, es este encubrimiento por parte de malos jueces, este actuar delincuencial por parte de malos jueces. Y lamentablemente hay otros jueces que también apañan, cuando lo que corresponde y lo que está exigiendo el pueblo boliviano a servidores y servidoras públicos, es justamente que se actúe en el marco de la justicia”, sostuvo Prada en rueda de prensa. 

En este periodo, se recapturaron a 10 condenados que fueron beneficiados “ilegalmente” por “malos jueces”: dos por feminicidio, dos por violación y seis por asesinato de mujer o niño antes de la tipificación de feminicidio. Entre ellos se encuentran Richard Choque y Abram Peters Dick. 

Paralelamente son nueve los jueces procesados por estas liberaciones irregulares. Cuatro de ellos están aprehendidos, uno tiene detención domiciliaria y cuatro se encuentran en etapa investigativa. Además se aprehendió a tres personas que forman parte del personal de apoyo judicial y dos abogados. 

En cuanto a las propuestas normativas, Prada indicó que se propone agravar el tipo penal de prevaricato del juez o fiscal para sancionar a los “malos administradores” de justicia. De esta forma, se incrementaría la pena de 5 a 10 años, a de 8 a 20 años en caso de procesos por feminicidios, violación o infanticidios. 

Por otro lado, se trabajó en diferentes convenios institucionales. Uno entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) y el Órgano Judicial para "dar el salto tecnológico" hacia una justicia accesible y transparente; otro entre el Ministerio Público y la Dirección General del Régimen Penitenciario para el intercambio de información sobre privados de libertad; y un tercero entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia para hacer seguimiento a la ejecución de penas. 

En cuanto a la generación de datos, se propuso el fortalecimiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana para generar datos específicos sobre la violencia contra la mujer y la creación de un Observatorio de Justicia y Género para hacer un seguimiento de la administración de la justicia. 

La Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio fue creada en febrero en respuesta a una serie de manifestaciones que se llevaron a cabo en diferentes puntos del país, en demanda de justicia para las víctimas. 

Entonces se conoció que al menos 119 feminicidas y violadores sentenciados o acusados se encuentran actualmente en libertad gracias a beneficios que recibieron de la justicia, según un informe elaborado por el Servicio de Mujeres en Busca de Justicia del colectivo Mujeres Creando.