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Evo Morales asegura que no tiene la intención de cobrar la indemnización y ahora busca saber quién dio la orden para inhabilitarlo como candidato a senador de cara a las elecciones generales de 2020. Mediante su cuenta en Twitter, el jefe del MAS considera tardía la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que declaró inconstitucional que se lo haya sacado de la contienda electoral. Anticipa otras acciones legales para sancionar a quienes lo perjudicaron.

“Iniciaremos todas las acciones legales para saber quién dio la orden para inhabilitarnos. Por #MemoriaVerdadYJusticia el pueblo tiene derecho a saber la verdad. No tenemos la intención de cobrar la indemnización. Nuestra demanda fue por justicia y no por plata”, escribió en sus redes.

El expresidente enfatizó que “nunca hemos pedido indemnización” y consideró que en su momento el tribunal de garantías y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuaron “políticamente” para evitar su participación en los comicios, cuando se encontraba fuera del país, tras renunciar a la Presidencia.

“En 2020, la derecha golpista nos inhabilitó y trató de proscribir al MAS-IPSP. Aunque tardía, la sentencia del @TCP_bolivia, muestra que el @TSEBolivia y un tribunal de garantías constitucionales actuaron políticamente y atentaron contra el derecho del pueblo a elegir libremente”, acotó.

En septiembre de 2020, la resolución del TSE, que inhabilitó la candidatura del dirigente cocalero a la Cámara Alta, fue validada por la Sala Constitucional Segunda de La Paz con dos votos a favor y uno en contra. En el caso del ente electoral, Francisco Vargas Camacho y Daniel Atahuachi Quispe votaron de forma disidente.

El Deber