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Para la tarde de este jueves, 16 de marzo, está fijada la audiencia de juicio abreviado de Sandra Velarde Casal, ex secretaria de Finanzas de la Alcaldía cruceña, en la que aceptó su culpabilidad por el delito de incumplimiento de deberes, que habría cometido durante la ejecución del sistema de buses de tránsito rápido (BRT) y una condena de tres años de prisión.

Se conoce que la audiencia debe iniciar a las 14:00 en el Juzgado Primero Anticorrupción; sin embargo, la exsecretaria será la única que asistirá de manera virtual desde la clínica Kamiya, donde se encuentra internada desde el 8 de diciembre de 2022 por complicaciones en su salud.

En febrero de este año, la arquitecta Sandra Velarde se declaró culpable por uno de los tres delitos que pesan en su contra por este caso: incumplimiento de deberes, pese a que en el proceso que inició la Fiscalía estaba señalada por otros dos delitos: conducta antieconómica y uso indebido de influencias cometidos durante la ejecución del proyecto del BRT.

No obstante, la Fiscalía aceptó el pedido de la acusada, por lo que este jueves podría ser sentenciada a tres años de prisión, tal como sucedió el 22 de diciembre del año pasado por el caso ‘contratos irregulares’, que tuvo una afectación de Bs 25,6 millones a la comuna cruceña.

Los otros acusados del caso BRT son: Percy Fernández (exalcalde), Angélica Sosa (expresidenta del Concejo Municipal y exalcaldesa interina), Lucy Mariel López Quiroga (exdirectora de Transporte y Vialidad), Rubén Darío Rivero Gallardo (exjefe Dpto. de Transporte Público Gestión de Trámites y Autorizaciones), Emilse Sengler Fernández (exjefe Dpto. Administrativo SEMURB), Jorge Humberto Ortiz Bruno (exjefe Dpto. Estadísticas y Planificación del Transporte Público Urbano), Rolando Pedro Rivera Correa (exsecretario Municipal de Movilidad Urbana), Nancy Roca Martínez (Profesional "A' Abogado), Jorge Luis Égüez Rivero (Profesional "A" Abogado) y Percy Rojas Limón, presidente de la empresa Chuturubí de la línea 17 y 18, que se adjudicó el contrato de concesión del BRT.

El Deber