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En las últimas horas se conoció sobre una denuncia de que se estaría ofertando más de 17.500 lotes en un área de influencia de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó, Porongo en Santa Cruz, zona en la que hay un trazo (el tramo II) de la carretera km 18 (Santa Cruz)-Buena Vista-Las Cruces, obra que ha causado discordia en el último tiempo y que motivó un bloqueo de pobladores que duró 11 días.

Al respecto, este martes, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, Zvonko Matkovic, se pronunció a través de la red social X (antes Twitter) en donde expuso sus dudas sobre los verdaderos motivos que impulsan a que se ejecuten protestas y manifestaciones de sectores y autoridades nacionales que reclaman a la Gobernación cruceña la homologación de un convenio que permita la construcción de dicha vía.

“Algo muy raro tenía que estar por detrás. No así nomás se mueven ministros, inspecciones, dirigentes, micros, y se sacan fichas ambientales sin respaldo”, señaló Matkovic.

Desde la Gobernación cruceña se ha expuesto en reiteradas ocasiones que construir el tramo II de esta carretera tal y como está diseñada, afectaría los acuíferos que proveen de agua a los cruceños pues, remarcan, de cada diez vasos de agua que se tienen, seis son gracias a esta reserva natural.

Acción popular

Una Acción Popular para salvaguardar el reservorio de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güenda – Urubó, debido a la “amenaza” que representa el trazo del tramo II del proyecto carretero Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista, que es defendido por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), fue presentada el pasado jueves por la diputada opositora María René Álvarez, de la bancada de Creemos.

Álvarez remarcó que Santa Cruz está en “guerra” por defender este reservorio y acusó al Ministerio de Obras Públicas de utilizar a los sectores movilizados para impulsar bloqueos y defender el trazo que maneja la ABC.

La acción popular busca que se precautele la recarga del agua y su provisión a la ciudad y de esta manera las autoridades que están vinculadas “al mal manejo, a la mala administración respecto a este contrato hídrico, a esta carretera que vulnera los derechos de los ciudadanos”, respondan respecto a sus acciones.