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El Gobierno de Perú promulgó un decreto legislativo que condena con hasta 30 años de cárcel el robo de teléfonos celulares, con el objetivo de “atacar toda la cadena delictiva, desde el que roba hasta el que comercializa el dispositivo”, según explicó este jueves el ministro de Interior, Vicente Romero.

“Estamos atacando toda la cadena completa: el que roba, el que compra y el que comercializa. Esta medida va a ser efectiva, segura. Muchos hablan de que probablemente sea una exageración. Por supuesto que la oferta y la demanda de robo de celulares, estoy seguro, va a decrecer. Especialmente para aquellos que utilizan un vehículo o arma de fuego, la pena será de 20 a 30 años”, señaló Romero.

Se mostró convencido de que estas “medidas importantes duras y drásticas” van a disminuir el robo de celulares.

El decreto donde se detallan los cambios en el Código Penal fue publicado la noche del miércoles en el diario oficial El Peruano y fue promulgado al amparo de las facultades legislativas dadas por el Congreso para legislar en materia de seguridad ciudadana.

La norma indica que el robo del “equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar” se condenará con una pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años.

Y si el robo se comete utilizando material o artefactos explosivos, así como vehículos motorizados, la pena privativa de libertad será no menor de 20 ni mayor de 30 años.

También la pena será de esta duración cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, si se deja a la víctima o a su familia en grave situación económica y si se abusa de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos químicos o fármacos contra esta.

Por otro lado, se refiere a la adquisición, venta y compra de estos objetos una vez que han sido sustraídos.

“Aquella persona que adquiere, recibe en donación, en prenda, guarda, esconde, expone para la venta, ayuda a negociar, comercializa, desensambla o utiliza, un bien o sus partes” conociendo la procedencia delictuosa del objeto “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con 30 a 90 días-multa e inhabilitación”, señala el documento.

“Es una clara advertencia para todos aquellos que roban celulares, compran celulares, inclusive los que adulteran los aparatos, también van a ser sancionados, y la receptación de igual manera, hasta 12 años de cárcel. Entonces, ¿quién quiera ir a la cárcel?”, dijo Romero.