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El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, emplazó este miércoles al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; al comandante departamental de la Policía, coronel Erick Holguín; y al fiscal departamental, Róger Mariaca, a proceder a la aprehensión de Nicolás Ramírez Taboada, el comunario de San Julián que llamó a la toma de armas y amenazó de muerte a empresarios en un conflicto por tierras.

El cívico afirmó que las declaraciones del comunario perteneciente a la Federación Intercultural de San Julián se constituyen en un delito flagrante, aunque consideró que las investigaciones contra el sujeto quedarán en nada como el caso de Las Londras, cuando un grupo de periodistas, policías y civiles fueron emboscados por avasalladores armados el 28 de octubre de 2021.

“¿Dónde está el ministro de Gobierno, el viceministro de Régimen Interior, el fiscal departamental y el comandante departamental para aprehender a este señor? Eso es un delito flagrante. ¿Cuándo se resolverá el caso Las Londras? Esto quedará en lo mismo”, vaticinó Larach en conferencia de prensa.

Consideró que si las autoridades del Ministerio de Gobierno y Policía no intervienen en Guarayos, principalmente en las zonas donde se registra pugna por tierras, la amenaza de Ramírez Taboada terminará en una desgracia, “producto que el Gobierno nacional está preocupado en atender sus cosas de cocina dentro del MAS, que por gobernar este país”.

“Y ¿dónde están los delincuentes que mataron a ese ciudadano (Félix Ribera)? No tienen capacidad de gestión, están necesitados de un motivo político para sostenerse, y están dejando de lado su obligación constitucional que es darle seguridad al país”, cuestionó.

Consultado ante el pedido de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) a que la institucionalidad cruceña se pronuncie ante estos hechos de violencia por los avasallamientos, Larach pidió a los asambleístas que tomen cartas en el asunto, que se aplique el PLUS y el PLOT, además de exigir a la Gobernación cruceña que la Comisión Agraria Departamental funcione.

“La responsabilidad es de los órganos del Estado, las competencias están claramente establecidas en la CPE, todos tienen qué hacer, dejen de lavarse las manos con la institucionalidad”, dijo.

Por su parte, la asambleísta por Creemos, Paola Aguirre, sostuvo que se llegó a un punto extremo de crisis al ser tolerantes con las declaraciones dadas por el comunario Nicolás Ramírez, y por ello, también llamó a las autoridades de Gobierno y Fiscalía para aplicar la ley.

“En nuestro departamento existen instituidas republiquetas, zonas donde quienes están ejerciendo soberanía son grupos minúsculos y delictivos llamados interculturales, que no tienen temor alguno y que ahora amenazan públicamente al sector empresarial”, expresó.

Opinó que existe una absoluta ausencia de Estado y un plan de cooperación entre instituciones estatales con grupos minoritarios que le quitaron a los cruceños el derecho de ejercer soberanía sobre su propio territorio.

El Deber