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El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez informó que la Cámara de Senadores resolvió el miércoles, “casi por unanimidad”, iniciar un juicio de responsabilidades en contra de los nueve magistrados del TCP.

“Se ha determinado en la sesión, por decisión casi unánime, la instauración de un juicio de responsabilidad en contra de los nueve magistrados del TCP, por haberle privado al pueblo de Bolivia su derecho de elegir. Se han autoprorrogado”, dijo el legislador.

Además, Torrez dijo que la determinación de ese tribunal, que decidió prorrogar su mandato hasta que se realice la elección de nuevas autoridades judiciales. “Es un verdadero golpe judicial a la democracia. Este hecho no puede pasar desapercibido y no puede quedar en la impunidad”, agregó.

La mayoría de los senadores votaron a favor del juicio de responsabilidades, excepto dos; uno que no votó y otro que votó nulo.

El martes, los miembros del TCP emitieron la respuesta a la consulta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que consultó la pertinencia del Proyecto del Ley 144, sobre las elecciones judiciales, remitida el 20 de septiembre y admitida ocho días después.

Decisión del TCP

Una de las resoluciones ordena a la Asamblea Legislativa a realizar “lo más pronto posible” la preselección de candidatos para las judiciales.

Inmediatamente surgió una serie de críticas y cuestionamientos sobre esa decisión, a la que Torrez calificó como “inadmisible”.

“No debieron ser juez y parte”, consideró.

Advirtió que los magistrados, “en concomitancia con exlegisladores, modificaron la ley de juicio de responsabilidades. Lo modificaron a tal punto que ahora el Senado ya no es un tribunal de sentencia, sino disciplinario. Para ellos, el juicio de responsabilidades no existe”.

Las elecciones judiciales sufrieron dos grandes escollos. El primero, el 12 de abril, cuando el ciudadano Miguel Ángel Balcazar presentó un recurso ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, que frenó el proceso.

 El segundo fue el 27 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala presentó una acción de inconstitucionalidad contra la convocatoria. El TCP falló el 31 de julio y dejó en fojas cero todo el proceso.