Video

Cristina Kirchner comienza a cumplir su condena en prisión domiciliaria y usará un brazalete electrónico en el tobillo. Por tener más de 70 años, la expresidenta argentina fue autorizada por los tribunales a cumplir su condena en su domicilio.

Cristina Kirchner, expresidenta de Argentina, comenzó este martes (17) a cumplir una sentencia judicial cuestionada por amplios sectores sociales y políticos. El tribunal ordenó que permanezca en un departamento del barrio Monserrat, en Buenos Aires, bajo control electrónico y con visitas familiares limitadas.

La exmandataria fue condenada a seis años de prisión por supuesta corrupción, en un proceso que ella y diversos juristas denuncian como armado y direccionado. A pesar de su edad, la Fiscalía intentó impedir el arresto domiciliario, demostrando una actitud más política que legal.

La Corte Suprema, alineada con intereses del gobierno de Javier Milei, rechazó los recursos sin fundamentos sólidos y ordenó el inicio inmediato de la condena. Cristina, quien había expresado su deseo de participar en las próximas elecciones legislativas, quedó inhabilitada por esta sentencia, cuya rapidez contrasta con la lentitud en causas de corrupción que involucran a funcionarios actuales.

La causa judicial, centrada en presuntas irregularidades en licitaciones ganadas por el empresario Lázaro Báez, ha sido duramente criticada por la falta de pruebas directas y por la utilización de testimonios sin garantías procesales. La narrativa promovida por medios hegemónicos y por sectores del poder responde a una estrategia más amplia de proscripción política.

“Ya tenían la sentencia escrita”, denunció Cristina en 2022, aludiendo a un sistema judicial que actúa como brazo ejecutor de los intereses del poder económico y del actual oficialismo. Mientras Milei avanza con políticas de ajuste que afectan a los sectores populares, se recurre al espectáculo judicial para desviar la atención de la crisis social.

La persecución contra la expresidenta se enmarca en una tendencia regional de lawfare, que ha buscado neutralizar a líderes progresistas mediante condenas sin garantías. La historia juzgará quién realmente atentó contra las instituciones democráticas.