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La Gerencia de Redes y Ductos de Gas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que actualmente funciona en La Paz, debe ser trasladada a Sucre en un plazo de 180 días, en sujeción al artículo 23 de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos, según determinó el Juez de Garantías tras una audiencia de Acción de Cumplimiento. Autoridades regionales y cívicas celebraron la decisión y anunciaron que se constituirán en vigilantes para que se efectivice.

Tras una audiencia que se prolongó aproximadamente cuatro horas, el juez Público de Familia Nro. 7, Juan Quiroga, constituido en este caso en Juez de Garantías concedió la tutela al diputado nacional Horacio Poppe que presentó el recurso de Acción de Cumplimiento en contra del ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y el presidente interino de YPFB, Oscar Barriga, exigiendo que cumplan la ley. Ninguna de las dos autoridades asistió a la audiencia, pero enviaron a sus representantes.

“Se dispone que las autoridades accionadas cumplan con el artículo 23 de la Ley Nº 3058 que establece que la Gerencia de Redes y Ductos de Gas debe estar constituida en la ciudad de Sucre, para tal efecto se les concede a dichas autoridades el plazo de 180 días para que puedan cumplir”, determinó el juez de Garantías, Juan Quiroga, al señalar que la resolución pasará en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en un plazo de 24 horas.

La decisión del Juez motivó alegría y aplausos del equipo de abogados del diputado y también de la Gobernación que se constituyó en tercer interesado, además de los representantes del Ilustre Colegio de Abogados (ICACH), el Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) y de otras instituciones de la región.

“Sucre hace muchos años, sino décadas que no ganaba algo así. La magnitud de lo que va a venir en los próximos meses aquí es algo inédito para esta ciudad, estamos hablando de una Gerencia de Redes de Gas y Ductos que es un monstruo, que maneja un presupuesto millonario, que tiene un montón de empleos, y que además administra los recursos hidrocarburíferos de este país”, señaló Poppe.

El presidente de CODEINCA, Rodrigo Echalar, manifestó que el ente cívico vigilará el cumplimiento de la resolución, de manera que hasta finales de julio la Gerencia de Redes y Ductos de Gas esté funcionando en Sucre.

“Es una victoria para Chuquisaca, pero no nos vamos a confiar hasta que no veamos la sede en Sucre, y nosotros como movimiento cívico vamos a estar siempre vigilantes de ese tema, atentos a que se dé cumplimiento; y vamos a ir también ahora a pelear por Incahuasi, que es otro tema que está pendiente para Chuquisaca”, indicó Echalar.

Los representantes tanto del Ministro de Hidrocarburos como del Presidente de YPFB no quisieron referirse a la resolución del Juez de Garantías, argumentando que no tenía autorización para dar declaraciones a la prensa.

Sin embargo, en la audiencia el abogado del Ministro de Hidrocarburos, Wilson Miranda, señaló por ejemplo que no está definido cuál es la autoridad que debe hacer cumplir el artículo 23 de la Ley Nº 3058; mientras la abogada de la Presidencia de YPFB, señaló que “jamás el diputado ha expresado de manera expresa a la autoridad que está incumpliendo la norma”.

“En caso de que salga una resolución favorable y que determine el cumplimiento de este artículo Nº 23 vamos a tener un gran problema de aplicabilidad; el principal problema va a ser quién es la autoridad que realmente va a cumplir este artículo”, había advertido Miranda antes del fallo.

En respuesta a las observaciones de los abogados de la parte accionada, la Gobernación de Chuquisaca les recordó que todo funcionario público tiene la obligación de dar cumplimiento a la Constitución y las leyes.

Casi al inicio de la audiencia, el Juez intentó suspenderla para el 5 de febrero, argumentando que debía estar presente la Procuraduría General del Estado, ya que en su criterio corrían riesgo los bienes del Estado, planteamiento que fue rechazado por la parte accionante y los terceros interesados; en cambio los representantes de las partes accionadas respaldaron la noción.

En septiembre pasado, el juez Quiroga falló en contra del mismo pedido, sin embargo, el diputado Poppe como parte accionante impugnó ante el Tribunal Constitucional y éste le dio la razón en noviembre.///